Madrid, 23 feb (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado vuelve a poner el foco esta semana en el trabajo de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, a quien interrogará en calidad de investigada sobre sus funciones a la hora de asistir a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.
El magistrado que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos como tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha programado para el miércoles una jornada maratoniana con siete declaraciones: Cristina Álvarez como investigada y otros seis testigos.
Uno de esos testigos es Alfredo González, vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2018 y que fue quien propuso nombrar a Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.
El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, le preguntará sobre esa propuesta de nombramiento, el mismo día en que volverá a interrogar a Cristina Álvarez, pero esta vez en calidad de investigada, una condición que la asesora ya ha impugnado ante la Audiencia de Madrid.
Álvarez acudió a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla el 20 de diciembre para declarar como testigo y explicó que fue contratada en 2018 para gestionar la agenda pública y privada de Begoña Gómez y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad. Su cargo, dijo, era eventual y adscrito al gabinete de Presidencia del Gobierno.
Meses después Cristina Álvarez se convirtió en la cuarta testigo de la causa que pasaba a ostentar la condición de imputada como posible partícipe en delitos por los que está instruyendo el procedimiento. Este cambio procesal de testigos a imputados ha sido reprochado por la Fiscalía al juez en alguno de sus recursos.
Además de acordar investigarla, el juez ordenó acceder a su registro de llamadas realizadas a números vinculados con la Universidad Complutense, al empresario Juan Carlos Barrabés (también investigado), el Instituto de Empresa, el África Center, la OMT, Indra, Google, la Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, la Fundación Caixa o Reale, además de otra entidad que patrocinara el máster o la cátedra en las que participó Begoña Gómez.
Decisiones que han sido recurridas por Cristina Álvarez por vulneración de derechos.
En uno de esos recursos, se incluía un oficio en el que Presidencia del Gobierno certificaba al juez que la asesora desempeña tareas "en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza" del puesto, como organizar su agenda, preparar reuniones y acompañarla.
El nombre de Cristina Álvarez apareció en diversos correos, algunos enviados desde Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense sobre la licitación del expediente de contratación y el pliego de prescripciones técnicas relacionados con una plataforma de la cátedra que codirigía Gómez, y otro enviado por ella desde una cuenta personal a la directora de Comunicación de la empresa Reale para pedir que siguieran copatrocinando la cátedra.
Ella planteó al juez que la incluían en copia para confeccionar la agenda de Begoña Gómez, pero que ella los eliminaba porque no le interesaban, y respecto al de Reale, argumentó que lo hizo porque la mujer del presidente le pidió un favor y ella se lo hizo como amiga.
El próximo miércoles el magistrado también tiene previsto interrogar a dos funcionarias de la Universidad Complutense, a los directores ejecutivos de Google Spain e Indra, y al consejero delegado de Telefónica, Sergio Osle.
Además de a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, el juez Peinado investiga a otras tres personas: el empresario Barrabés, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa (IE), Juan José Güemes, que ha pedido recientemente el archivo de la causa. EFE
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