Martí Puig i Leonardi
Barcelona, 2 feb (EFE).- Los promotores del Hard Rock, que han visto cómo el Parlament les ha revertido los beneficios fiscales previstos, aguardan en silencio a que el Govern apruebe el Plan Director Urbanístico (PDU) de los terrenos donde debería instalarse este macrocomplejo de ocio, en la provincia de Tarragona.
Esta semana se ha escrito el enésimo capítulo del devenir de un macroproyecto que ha condicionado de forma intermitente pero constante la política catalana en la última década, todo ello sin haberse colocado siquiera una primera piedra.
En 2012, en plena crisis, el president Artur Mas anunció junto a Isidre Fainé (La Caixa) y al empresario Enrique Bañuelos (Veremonte) lo que se bautizó como BCN World, una alternativa al Eurovegas proyectado -pero nunca realizado- en Madrid y que preveía la construcción de seis casinos y otros tantos hoteles.
El Parlament aprobó en 2014 unas rebajas fiscales pactadas entre el Govern de Mas y el PSC. Bañuelos se desentendió luego del proyecto, en uno de los controvertidos movimientos de su trayectoria empresarial, lo que llevó a Hard Rock a hacerse en 2018 con la autorización para la instalación y explotación del macrocomplejo, con unos planes descafeinados con relación a los iniciales.
En 2016, el Govern aprobó un PDU, anulado parcialmente en 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que ahora el ejecutivo de Salvador Illa debe reformular. Es el mismo PDU que precipitó la salida de Pere Aragonès del Palau de la Generalitat.
PSC-Units, ERC, Comuns y CUP han eliminado esta semana en el Parlament los privilegios fiscales aprobados una década atrás y han retirado así la alfombra roja que Cataluña extendió para que en las inmediaciones de PortAventura World se instalara una suerte de Las Vegas en pequeño formato.
Los últimos planes comunicados por Hard Rock contemplan dos hoteles, un casino, espacios para entretenimiento y espectáculos, así como una avenida comercial con tiendas, todo ello tras una inversión inicial de unos 700 millones que podría alcanzar los 2.000 millones.
El Parlament no ha vetado el proyecto, pero sí le ha puesto una importante traba: ha vuelto a situar el gravamen aplicable al juego en grandes casinos en el 55 %, en vez del 10 % que se fijó en 2014.
La mayoría de la investidura pudo aprobar esta modificación legal en el pasado mandato, pero entonces los socialistas no la apoyaban. Illa sí cedió este verano para asegurarse el aval de Comuns a su investidura.
La tramitación del PDU supuso, en 2024, un obstáculo insalvable: Comuns pedía frenarlo para dar su 'sí' a los presupuestos del Govern, pero eso habría eliminado de la ecuación al PSC, que había acordado las cuentas tras asegurarse que Aragonès no estaba dispuesto a dar marcha atrás. El fracaso del proyecto presupuestario llevó a Aragonès a adelantar las elecciones.
El Hard Rock también formó parte de los acuerdos del presupuesto de 2023 entre ERC y PSC, que pactaron entonces aprobar el PDU antes de que acabara el primer semestre del año, es decir, hace ya más de un año y medio.
El Govern no cuenta con un "calendario determinado" para aprobar definitivamente este plan director, según afirmó el martes su portavoz y consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Sigue pendiente de un informe de impacto ambiental.
Los socialistas sostienen que la modificación legislativa de esta semana no conllevará indemnizaciones (no opinan lo mismo algunos grupos de la oposición), pero advierten de que no tramitar el PDU sí podría acarrear consecuencias económicas (y no solo eso, ya que no se estaría dando cumplimiento a una sentencia judicial).
El PDU de 2016 que ahora debe retocarse rebajó en un 25 % los terrenos urbanizables con relación a los planes iniciales, hasta los 700.000 metros cuadrados, y redujo siete veces el espacio destinado a casinos.
Si el informe pendiente resulta favorable, el Consorcio Intermunicipal de Vila-seca y de Salou será el primero que deberá validar el plan director, que luego pasaría por la Comisión de Territorio de Cataluña.
En el plazo máximo de dos meses debería firmarse el contrato de compraventa de los terrenos: el comprador sería la sociedad BCN IR 3, con representante legal James F. Allen, empresario que aparece en los "paradise papers", una investigación periodística que reveló una red de evasión fiscal.
Los terrenos son propiedad de Mediterranea Beach & Golf Community, filial de CriteriaCaixa, brazo inversor de La Caixa, pero formalmente se adquirirían a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que compraría y vendería los terrenos en un mismo acto, en una enrevesada operación financiera. EFE
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