Universidad y Empresa avisan: "El estudiante en prácticas no es un trabajador junior"

Madrid, 29 ene (EFE).- La Red de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE) ha publicado una guía que aclara las diferentes prácticas que hacen los estudiantes y que están en el sistema educativo reglado, para que no se confundan con becas, con voluntariados o con contratos formativos y laborales. El mensaje es claro: "El estudiante en prácticas no es un trabajador junior".

Ante el debate que ha suscitado en la comunidad educativa el anteproyecto de ley denominado Estatuto del Becario promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, REDFUE y la Fundación Universidad-Empresa (FUE) ha elaborado un Libro Blanco de prácticas en el que han participado la Conferencia de Rectores (CRUE), los Consejos Sociales de las Universidades Españolas, la CEOE, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado o la Cámara de Comercio.

Un documento que aclara que no son prácticas académicas las políticas activas del mercado de trabajo, como el programa de Garantía Juvenil, las becas de investigación, los contratos predoctorales o formativos o los voluntariados.

Insisten en que la nueva ley debería poner orden y "establecer límites claros en los convenios sobre las tareas que pueden desempeñar los estudiantes".

Y consideran que regular las formaciones de los estudiantes -sean de grado o de Formación Profesional- que están dentro del sistema educativo reglado debería corresponder al Ministerio de Educación y de Universidades.

"No deberíamos mezclar los objetivos educativos con el ámbito laboral, porque toda la legislación educativa tiene que ver con una parte pedagógica", resalta la directora general de FUE, Carmen Palomino, coordinadora del Libro Blanco tras añadir que toda la legislación existente desde 1981 habla de prácticas educativas y no de contratos laborales.

El Libro Blanco recuerda que en el curso 2023-2024 hubo 1,7 millones de universitarios, el 50 % con necesidad de prácticas en la universidad, mientras que 1,24 millones de alumnos de Formación Profesional (FP) también deben desarrollar estancias de formación, ya que, por ley, la FP se ha convertido en dual al 100 %.

La guía señala que entre el 40 % y el 60 % de las prácticas universitarias se dan en entidades públicas y distingue entre prácticas curriculares -las que son obligatorias para aprobar porque están ligadas a créditos- y las que son extracurriculares, y son optativas.

En total hay 3.372 titulaciones de grados, 2.267 impartidos por universidades públicas y 1.105 por universidades privadas. Y de estas titulaciones, el 53,5 % conllevan prácticas obligatorias.

Por otra parte, están las estancias formativas, que son las prácticas vinculadas a la FP dual y a los grados universitarios duales.

"Las prácticas académicas y formativas regladas deben ser de calidad y no solo se debe regular el número de horas", incide Carmen Palomino, que insta a que se legisle con una memoria económica que conlleve inversiones para formar a los tutores, para aclarar compensaciones económicas a los estudiantes y para obligar a hacer evaluaciones y un plan de estudios que se adapte a la entidad que acoge al alumno.

Recuerdan que el gran desafío es dar buenas prácticas en un tejido empresarial formado en el 90 % por pymes y micropymes, donde debe prevalecer la ética y no el fraude.

"Y si hay irregularidades en las prácticas que se sancione por ello pero no por eso hay que regularlas desde el ámbito laboral", incide el presidente de REDFUE, Fernando Martínez.

Todos los estudiantes que hacen prácticas en el sistema educativo reglado cotizan a la Seguridad Social, aunque la entidad que le acoge tiene una bonificación del 95 %. En muchos casos sí existe una remuneración pero en otros no y los estudiantes se quejan de tener que compaginar sus estudios con sus prácticas y no cobrar o no tener compensaciones por gastos de comida o transporte.

Este es otro de los puntos que la comunidad educativa pide aclarar en la ley para no desincentivar ni a las empresas ni a los estudiantes.

"Las empresas no se han negado a las compensaciones pero se tiene que aclarar y sobre todo no puede generar problemas administrativos porque cada práctica va asociada a unos créditos en la universidad", incide Martínez al tiempo que urge al consenso entre todos los agentes implicados y también en el Congreso.

"Se podrían dar becas de estudio para los estudiantes que no pueden hacer frente a las prácticas porque no son remuneradas", señala Palomino mientras incide en que también debe haber un seguimiento de los tutores académicos y profesionales para hacer evaluaciones.EFE