Los representantes de los Parlamentos de países del Sur de Europa, Marruecos y Egipto que se han reunido en Lanzarote, en el marco de la Presidencia española de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, han instado a abordar la migración irregular con medidas para reforzar la capacidad de control de fronteras y la organización de operaciones conjuntas entre los países de origen, tránsito y destino de los migrantes.
Así consta en uno los 14 puntos de la declaración suscrita por el Congreso y el Senado de España, junto con representantes del Parlamento Europeo y las Cámaras legislativas de Portugal, Italia, Francia, Grecia, Croacia, Turquía, Eslovenia, Malta, Marruecos y Egipto.
Los firmantes llaman a todos los gobiernos e instituciones implicadas a consensuar un "enfoque integral" para diseñar políticas económicas, humanitarias, de desarrollo y de fomento de la paz y la seguridad que contribuyan a una gestión más eficaz de los flujos migratorios.
En el texto, recogido por Europa Press, piden que se reconozca "el incremento de la presión que soportan los países de destino" que, como es el caso de España, "se encuentran en primera línea por su situación geográfica" y "las responsabilidades derivadas de la gestión de la recepción, alojamiento y tramitación de las crecientes solicitudes de asilo y la integración, promoviendo el establecimiento de un mecanismo de solidaridad eficaz y de responsabilidad compartida".
GARANTIZAR CONDICIONES PARA EL RETORNO VOLUNTARIO
En concreto, llaman a ser "proactivos" a la hora de abordar los posibles nuevos flujos migratorios, prestando apoyo a esos países de la esa primera línea y a "garantizar que se dan las condiciones para el retorno seguro y voluntario de los refugiados cuando ello sea posible".
También emplazan a crear asociaciones entre los países de origen, tránsito y destino y a estrechar la cooperación en los niveles regional, multilateral e internacional para prevenir posibles muertes, cualquier vulneración de los Derechos Humanos y reducir en lo posible la migración irregular.
Además reclaman que se aborden las "causas últimas y los factores que impulsan la migración irregular y el desplazamiento forzoso" y se ayude a los países de origen a reforzar su capacidad de gestión para la reintegración de los migrantes que retornan "de acuerdo con un proceso sostenible".
Asimismo, apuestan por "diseñar una estrategia integral para combatir, también mediante tecnologías modernas y la IA, los procesos de desertificación que afectan en particular a los países del Norte de África y a la región sub-sahariana, causados por la disminución de las precipitaciones y la mala gestión de los recursos hídricos", lo que intensifica la crisis migratoria.
MENORES NO ACOMPAÑADOS
Estos países también respaldan los programas locales de desarrollo en los países de origen y tránsito centrados en la formación laboral, especialmente de las mujeres, incluidas las profesiones relativas a la ingeniería y los sectores técnicos, para prevenir la inmigración irregular y demandan mejoras de la educación, la sanidad y la asistencia social en estos territorios.
La declaración dedica un punto específico a la protección de los niños y a las niñas que migren y a los menores no acompañados, recalcando que, "más allá de su estatus de migrantes o refugiados, disfrutan de todos los derechos consagrados en el Convenio de la ONU sobre los Derechos del Niño, y que su mejor interés ha de ser siempre el principal criterio en todas las decisiones y acciones que les conciernan".
El texto también defiende el reconocimiento de los beneficios de la migración legal y de la movilidad, pues una "migración segura" puede ayudar a abordar ciertas necesidades del mercado laboral e impulsar el crecimiento económico en los países de destino, tránsito y origen. Asimismo piden compromiso activo para la inversión en políticas de acogida e integración social, laboral y cultural para los recién llegados.
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