Madrid, 22 ene (EFE).- El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha preguntado a la Fiscalía si los dispositivos móviles del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han sido formateados, al tiempo que ha pedido al Ministerio Público copia de la normativa interna sobre el uso de móviles y correos electrónicos.
Hurtado ha dictado un auto en el que acepta dos de las diligencias solicitadas en diciembre por las acusaciones en la causa que investiga la filtración de información sobre la investigación abierta al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal, y sus conversaciones para llegar a un pacto con el Ministerio Público.
El juez pide al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal para que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Fiscal y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal.
Y también ha pedido al departamento de informática de la Fiscalía General que informe de las veces que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal; remita los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo; e informe sobre si los anteriores dispositivos han sido formateados; y, en caso afirmativo, identidad de la persona que haya procedido al formateo, fecha y software utilizado.
El magistrado ha acordado estas diligencias después de que la UCO no hallara mensaje alguno en el terminal de García Ortiz, quien los borró siguiendo un protocolo de seguridad, como sostuvo la Fiscalía General, si bien la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal del caso Julián Salto negaron ante el juez que exista dicho protocolo de borrado de seguridad de mensajes.
Por otra parte, Hurtado rechaza el resto de diligencias que las acusaciones proponían respecto a dispositivos móviles y correos electrónicos, al destacar que quedan supeditadas al resultado de las que ya ha ordenado a la UCO: Una es si puede recuperar los mensajes de dos móviles de García Ortiz y otra es que pida a WhatsApp y Google datos del fiscal general para recuperar sus mensajes.
Igualmente, descarta citar a varios altos cargos o exaltos cargos de Moncloa "sin perjuicio de lo que pueda requerir el avance de la investigación" así como practicar alguna diligencia al respecto.
Tampoco accede a la petición de González Amador de intervenir las comunicaciones de varios periodistas dejando claro que no se accederá a diligencia alguna que pueda suponer afectación al secreto profesional de los periodistas y la especial protección que merecen las fuentes de información.
El juez rechaza también la diligencia solicitada por la defensa de la pareja de Ayuso para que se requiera a la Fiscalía Provincial de Madrid la fecha de designación del fiscal encargado de las diligencias previas en las que está incursa Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no ve la relación que dicho procedimiento pudiera tener con el presente".
Del mismo modo, no acepta la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de extender en este momento la investigación a un presunto delito de prevaricación administrativa. EFE
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