Mérida, 17 ene (EFE).- Las diligencias probatorias agendadas por la jueza instructora de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno y jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, David Sánchez, concluyen este viernes con la declaración de cuatro altos cargos de la institución provincial pacense.
En calidad de investigados, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tomará declaración al diputado de Cultura, Francisco Martos; al director del Área de Cultura y exjefe del Servicio de Actividad Cultural, Manuel Candalija; al jefe de Gestión Administrativa y exresponsable del Servicio de Recursos Humanos, Félix González, y a la exdirectora de Cultura y actual coordinadora del Área de Igualdad, Emilia Parejo.
Con estas declaraciones, la jueza cierra la ronda de declaraciones tanto a los nueve investigados, entre ellos David Sánchez y el presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, como a los testigos y peritos.
Sánchez y Gallardo, así como otros tres investigados -exaltos cargos de la institución provincial- declararon el pasado jueves, y un día antes lo hicieron tres testigos -personas vinculadas a los conservatorios de música adscritos a la Diputación- y tres personas con responsabilidades en la Agencia Tributaria como peritos.
Beatriz Biedma investiga presuntos delitos contra la Administración pública (prevaricación y tráfico de influencias) y la Hacienda pública en la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo a raíz de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias.
El presunto delito contra la Administración pública, con la vista puesta en el patrimonio de David Sánchez, ha perdido peso, según afirmó su abogado, Emilio Cortés, a tenor -expuso- de los informes de los responsables de la Agencia Tributaria y por el hecho de que las acusaciones populares no le preguntaran sobre su patrimonio.
De hecho, fuentes de la asociación Iustitia Europa, una de las acusaciones populares junto a Manos Limpias, Vox, Abogados Cristianos y Liberum, afirmaron que el delito fiscal no está acreditado.
Por ello, las partes han centrado su labor de acusatoria o de defensa en el trabajo que desarrolla David Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y el proceso de creación de la plaza como coordinador de los conservatorios, puesto que se modificó para ser responsable de dicha oficina.
Los representantes legales de Gallardo y Sánchez defienden la legalidad del proceso, desde la creación de la plaza a la elección de la misma pasando por la convocatoria, mientras que las acusaciones populares consideran que "todo el mundo escurre el bulto” sobre quién tomó la decisión de crear el puesto que desempeña el hermano del presidente del Gobierno.
También mantienen sus dudas sobre el horario laboral de este, el lugar en el que desempeña físicamente su labor y las responsabilidades que "realmente" ejerce, según expuso el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, tras las comparecencias de Gallardo y Sánchez. EFE
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