El PP ve la semilibertad de Anboto una "inmoralidad" y llevará la reforma de la política penitenciaria al Congreso

La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’, ha obtenido permiso para salir de prisión entre semana tras la concesión del régimen de semilibertad apoyado en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, según han confirmado fuentes de la Consejería vasca a Europa Press. Coincidiendo con esta decisión, el Partido Popular (PP) ha anunciado la presentación de una proposición en el Congreso para modificar la legislación sobre beneficios carcelarios. Según detalló Europa Press, el objetivo declarado de la formación es limitar el uso de estas medidas en casos de delitos de terrorismo.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, acusó al Gobierno liderado por Pedro Sánchez de utilizar la política penitenciaria como “instrumento político para mantenerse en el poder”. Esta declaración se produjo en una rueda de prensa realizada en la sede nacional de la formación, donde Gamarra se refirió tanto a la concesión de la semilibertad a Iparraguirre como al trasfondo político relacionado con el apoyo de EH Bildu al Ejecutivo. Europa Press consignó que la dirigente popular situó la medida como parte de una estrategia en la que “condenados por terrorismo han obtenido beneficios penitenciarios a cambio de que Bildu apoye a Pedro Sánchez”.

Durante su comparecencia pública, Gamarra recordó que el coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, expresó ya en la pasada legislatura la disposición de su formación a favorecer presupuestos si ello significaba que los presos condenados por terrorismo dejaran la cárcel. “Cinco votos de Bildu, cinco presos que se acercaban”, afirmó Gamarra al relatar cómo, según el PP, existió una relación directa entre el respaldo parlamentario y los acercamientos o progresiones de grado de internos de ETA.

Europa Press precisó que la vicesecretaria popular señaló en particular la implicación de una consejera del Partido Socialista de Euskadi, actualmente miembro del Gobierno vasco, como responsable de aplicar la política penitenciaria que, según denuncia el PP, ha permitido la salida de prisión de internos sin que hayan mostrado arrepentimiento o colaboración con la justicia.

Gamarra calificó esta situación como la “mayor inmoralidad cometida” durante los últimos ocho años de gobierno, porque a su juicio implica “abandonar a las víctimas de ETA únicamente por mantenerse en el poder”. Según recogió Europa Press, la dirigente afirmó que su partido continuará denunciando este tipo de medidas y, como respuesta, ha impulsado una proposición no de ley en el Congreso con el propósito de reformar la política penitenciaria. El PP busca modificar tanto la aplicación de la prisión permanente revisable como el uso del artículo 100.2 en delitos de terrorismo, al considerar que actualmente se está utilizando “en beneficio propio y por interés político de Pedro Sánchez”.

La progresión al régimen de semilibertad para Iparraguirre fue posible tras la resolución de Justicia del Gobierno vasco, que interpretó el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a favor de la interna. Este reglamento permite la adopción de medidas flexibles en la clasificación de los reclusos, en casos en los que se aprecian circunstancias especiales. Desde Europa Press se destaca que estos movimientos han vuelto a situar en el centro del debate nacional la gestión penitenciaria respecto a los condenados por terrorismo y el papel de los acuerdos parlamentarios en las decisiones del Ejecutivo.

Las reacciones políticas ante casos como el de Iparraguirre han coincidido en el tiempo con los anuncios del PP sobre su intención de reformar la legislación vigente para evitar que quienes han sido condenados por pertenencia a ETA o por actos de terrorismo puedan beneficiarse de avances en el régimen penitenciario en ausencia de manifestaciones explícitas de arrepentimiento o colaboración con la justicia. El contexto de los acercamientos y progresiones de grado para internos de ETA en los últimos años ha generado protestas de asociaciones de víctimas y ha centrado parte del debate parlamentario sobre la idoneidad y legalidad de estos acuerdos.

A lo largo de su comparecencia, Gamarra reiteró que el PP defenderá las modificaciones legales para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas por delitos graves y restringir los mecanismos que, en su opinión, se han convertido en instrumentos de negociación política. Europa Press subrayó el énfasis del PP en su acusación de que el Ejecutivo actúa de forma consciente para garantizar el respaldo parlamentario mediante la aplicación flexible de la normativa penitenciaria.

El planteamiento del PP incluye la promoción de reformas tanto en lo relativo a la prisión permanente revisable como en la modificación de los artículos reglamentarios que, según la formación, se estarían empleando de manera “interesada” para facilitar medidas de semilibertad o acercamiento de presos. La proposición anunciada se presentará en el Congreso de los Diputados y pretende establecer límites más estrictos a la concesión de beneficios penitenciarios en casos vinculados con el terrorismo para evitar que estos avances respondan a pactos políticos.

El debate sobre el modelo de gestión penitenciaria y su uso en la negociación parlamentaria ha sido recurrente desde la transferencia de competencias a comunidades autónomas como Euskadi, donde el Departamento de Justicia dispone de margen para adoptar decisiones respecto a los internos. Según reiteró Europa Press, el caso de Soledad Iparraguirre ha vuelto a situar esta cuestión en el centro de la agenda nacional.