Jueces y fiscales, críticos con ley que según la conservadora APM parece buscar impunidad

Madrid, 10 ene (EFE).- Asociaciones de jueces y de fiscales se han mostrado este viernes críticos con la ley del PSOE que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, una iniciativa que para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) pretende buscar la impunidad de unos ciudadanos concretos.

Así lo ha señalado a EFE la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, quien ha señalado que si pensamos en las causas penales que hoy hay abiertas, parece que lo que se pretende no es restringir el ejercicio de la acusación popular, "sino más bien buscar la impunidad".

"La impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley", ha subrayado.

Del Barco reconoce que se ha hecho un uso abusivo del ejercicio de la acción popular por parte de todos los partidos políticos, "también por quien ahora presenta esta proposición de ley".

Y, aunque admite que hay que hacer una regulación que impida este abuso, advierte de que si se restringe el ejercicio de la acción popular hasta el extremo de hacerla imposible y se deja el ejercicio de la acción penal únicamente en manos del Ministerio Fiscal, "en las circunstancias actuales que todos conocemos no es el momento más idóneo".

Desde la asociación conservadora, entienden que se produce una "clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" por los propios requisitos que establece y que suponen "una limitación tan estrecha y tan restrictiva del ejercicio de la acción que viene a inutilizarla".

En cuanto a la nueva causa de abstención y de recusación de los jueces y magistrados, se ha preguntado si quienes como ella han hecho manifestaciones en su condición de portavoz de la APM sobre la Ley de Amnistía deben ser recusados siempre.

Por su parte, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, su portavoz Sergio Oliva ha denunciado que esta reforma no tiene vocación de generalidad sino que presenta la apariencia de "haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos".

"Consideramos un profundo error la limitación subjetiva de la acción popular para las asociaciones judiciales, porque ello impediría actuar en defensa de intereses legítimos de jueces y magistrados, limitación que podría conculcar la garantía constitucional del artículo 127 de la Constitución Española", señala.

Y ve preocupante que "siempre se dude de los jueces como colectivo", tendencia a la que -indica- algunas fuerzas políticas están incurriendo en los últimos tiempos.

Asegura, además, que el sistema actual ya contiene las garantías necesarias para proteger esta imparcialidad judicial a través de mecanismos como son la abstención y la recusación de los jueces, figuras a los que se recurre cuando es necesario en los juzgados sin problemas.

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD), Edmundo Rodríguez, también se ha mostrado contrario a incluir una nueva causa de abstención y recusación de la judicatura por realizar públicamente declaraciones a favor o en contra de partidos, sindicatos o asociaciones.

"La judicatura también es ciudadanía y es libre de opinar, aunque debe hacerlo con prudencia, para evitar comprometer la imagen de imparcialidad judicial", indica.

Ve también desacertado excluir a los partidos políticos de la acusación popular o impedir que esta clase de acusación participe en la fase de instrucción, limitándose al juicio oral, ya que debe garantizarse que la acusación popular tenga plenos derechos procesales.

Por contra, está de acuerdo con la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos y cree que la regulación de la acusación popular debe realizarse en el anunciado proyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El PSOE busca también prohibir ejercer la acusación popular a asociaciones de jueces y fiscales, lo que afectaría de lleno a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en la investigación al fiscal general del Estado por supuesta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Desde esta asociación, su presidente, Miguel Pallarés, lamenta que la propuesta conlleve echarles del procedimiento cuando su actuación "resulta esencial" en "el ejercicio de la dignidad de la función" de la Fiscalía, y subraya la afectación que tendría esta medida en el resto de asociaciones fiscales y judiciales.

Tampoco ven con buenos ojos la propuesta desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Su portavoz, Félix Martín, admite a EFE la "preocupación" por el "abuso" que "en muchas ocasiones" se hace de la acusación popular, pero subraya que esta figura está "consagrada en la Constitución" para "fomentar la participación de los ciudadanos en la Justicia".

Se necesitan, explica, medios que permitan a las partes, sobre todo a la Fiscalía, "denunciar esos abusos" para expulsar a acusaciones que utilicen de manera torticera esta figura y reclama "sensatez y prudencia" a los partidos para que "no acudan a la acción popular para torpedear" o "instrumentalizar políticamente la Justicia".

Por su parte, Liberum, asociación personada en el caso Koldo -donde también acusan PP, PSOE y Vox-, ve "confusa" la iniciativa, con artículos contradictorios, y la considera un "atentado al ordenamiento jurídico" que "cercena la libertad" de partidos y asociaciones, al impedirles el libre ejercicio de la justicia, además de vulnerar otros derechos fundamentales.

Para la asociación ultracatólica Hazte oír, una de las cinco acusaciones populares en la causa contra Begoña Gómez, esta reforma del PSOE solo busca la impunidad para blindar al partido frente a la justicia, lo mismo que opina la asociación Abogados Cristianos, que ve en esta iniciativa un intento del PSOE para que los miembros del Gobierno "sean impunes ante los delitos de corrupción que están acorralando a Sánchez y a su ejecutivo". EFE