El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reclamado al Ayuntamiento de Carboneras una serie de modificaciones en su planeamiento urbanístico al entender que, en base a la documentación que ha facilitado, no se ha dado cumplimiento a la sentencia para hacer "no urbanizables" los terrenos de El Canillar y El Algarrobico, donde se sitúa el polémico hotel de Azata, de modo que advierte expresamente al primer edil, Salvador Hernández (CS), de multas coercitivas.
En una providencia, consultada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada dispone que se libre un oficio "urgente" dirigido al alcalde para que acometa acciones y cambios en el plan general del municipio conforme a las observaciones realizadas por Greenpeace y la Junta de Andalucía, que alegaron al informe técnico municipal remitido el pasado mes de agosto.
En su resolución, la magistrada María del Mar Jiménez Morera ordena además al alcalde que informe "cada diez días" a la Sala de las actuaciones que realicen para dar cumplimiento a los cambios y actuaciones ordenadas de cara a conformar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables a fin de dar cumplimiento de la providencia.
En este sentido, se hace una advertencia expresa a Hernández de que "de detectarse cualquier dilación no justificada" se procedería a la imposición a su cargo de "multas coercitivas" con la posibilidad incluso de deducir testimonio ante las autoridades judiciales "por si procediera exigirle cualquier tipo la responsabilidad penal".
El tribunal ya advirtió en ocasiones anteriores al alcalde de Carboneras con la imposición de multas personales así como con la posibilidad de acudir a la Fiscalía si no realizaba las acciones necesarias para declarar no urbanizables ambos parajes en base a las sentencias.
En este caso, realiza varias puntualizaciones concretas sobre el ordenamiento que fueron advertidas por la organización ecologista y el Gobierno andaluz, entre ellas, la necesidad de que desaparezca la inclusión de 'El Canaillar' como suelo urbanizable vigente así como varias menciones al respecto.
Asimismo, interesa la "publicación" de la normativa urbanística "corregida" en ejecución de sentencia; una de las principales cuestiones que interesan los demandantes después de que el Ayuntamiento se limitara a llevar el contenido de la sentencia a los instrumentos técnicos del planeamiento sin necesidad de darle publicidad a los cambios en los boletines oficiales correspondientes.
Para Greenpeace, "el desacato a la justicia por parte del alcalde de Carboneras es inaudito", ya que han transcurrido ocho años desde que se emitió la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, por la que se ordenaba que los terrenos fueran desclasificados como urbanizables.
"Consideramos que se debería abrir un procedimiento penal por un delito de desobediencia", ha declarado Inés Díez, la abogada de la organización ante la falta de avances para poder proceder a la demolición del hotel.
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