
La Guardia Civil, en una operación internacional conjunta con Francia y Portugal, coordinada por Europol, ha detenido a 62 personas, 19 de ellas en territorio nacional, que capturaban moluscos furtivamente en zonas de pesca prohibidas por contaminación del agua.
Según ha trasladado el Cuerpo en un comunicado, han sido incautadas un total de 30 toneladas de moluscos pescados ilegalmente en aguas infectadas, además de 6 toneladas de angulas, ambas especies por un valor superior a los 10 millones de euros en el mercado negro. Asimismo, hay ocho empresas del sector situadas en España que están siendo investigadas.
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La red operaba a través de empresas intermediarias situadas en territorio nacional, que importaban los bivalvos desde Portugal sin realizar las oportunas descontaminaciones y depuración del producto, para después comercializarlos en el mercado sin las preceptivas condiciones higiénicas y sanitarias.
La mayoría de los pescadores furtivos procedían de países asiáticos y cobraban un euro por kilo de molusco pescado, un producto que en el mercado de marisco alcanza hasta 25 euros por kilo. Principalmente, mariscaban almeja japonesa que posteriormente vendían directamente a establecimientos hosteleros, evitando así los procesos de depuración exigidos para su venta, minimizando los costes y logrando mayores beneficios.
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Las organizaciones, además, falsificaban la documentación de la mercancía desde el origen, con lo que se perdía la trazabilidad del producto, dificultando su posterior control por las autoridades y presentando la mercancía como apta para el consumo humano.
Los agentes detectaron que algunas de estos entramados criminales también estaban traficando con angulas en Portugal, España y Francia. Ello condujo al descubrimiento y desmantelamiento de una importante trama delictiva dedicada a la pesca furtiva, la recolección y el contrabando ilegal de angulas.
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También se destapó una red delictiva de explotación laboral y tráfico de seres humanos de algunos de los pescadores, que ya ha sido desmantelada. Es la primera vez en la Unión Europea que se relaciona actividades delictivas de tráfico de seres humanos y explotación laboral con los delitos contra el medio ambiente.
RIESGO DE INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Aunque la mayoría de las empresas destinatarias se encontraban en España, todos los moluscos provenían del marisqueo furtivo existente en la costa de Portugal, concretamente de zonas de pesca restringida y prohibida debido a las altas concentraciones de contaminantes existentes en sus aguas.
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La posibilidad de absorción de éstos, mediante el proceso de filtrado natural del agua por parte del molusco en su proceso de alimentación, conlleva un riesgo evidente para la salud pública, ya que el consumo continuado de moluscos contaminados puede derivar en riesgo de enfermedades graves como la hepatitis.
En la operación ha participado, además del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la Gendarmería Francesa y el Servicio de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, junto con la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica de ese mismo país.
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