Los Mossos corroboran que las antenas que permitió Albiol en Badalona no tenían licencia

Barcelona, 10 dic. (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han corroborado en el juicio al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, que el ayuntamiento les notificó que no constaba ningún tipo de licencia, contrato ni documento ni tasa municipal por la instalación de unas antenas de telefonía en la comisaría de la Urbana.

El alcalde popular de Badalona se sienta el banquillo en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona, donde la Fiscalía pide para él dos años y diez meses de prisión y otros diez de inhabilitación por un delito de prevaricación por permitir la instalación de unas antenas de telefonía móvil en una finca de la Guardia Urbana de Badalona reservada para uso cultural en 2012, sin las preceptivas licencias.

El agente de los Mossos d'Esquadra que se encargó de la investigación del caso hasta que la Fiscalía interpuso su querella contra Albiol ha afirmado hoy, en la segunda sesión del juicio, que acudió al ayuntamiento para requerir la documentación sobre la instalación de las antenas y que la respuesta del consistorio, a través del secretario municipal, fue que "no constaba" ningún tipo de licencia, ni contrato, ni ningún documento ni el abono de ninguna tasa.

Lo único que le dieron entonces desde el consistorio, ha explicado el investigador de los Mossos, fueron los expedientes por solicitudes de dos empresas -Vodafone y France Telecom-, que en 2008 y 2009 solicitaron poner antenas en el mismo sitio, en el Turó d'En Caritg, y no obtuvieron la autorización.

Como desde el consistorio les dijeron que la supervisión de este proceso estaba delegada a la sociedad municipal ENGESTUR, presidida por el alcalde, los Mossos también requirieron a este organismo las licencias sobre la instalación de las antenas en 2012 y "la respuesta fue la misma: que no constaba ningún documento".

Los Mossos contactaron además con las empresas que instalaron las antenas: Movistar no aportó documentación sobre este proceso y se limitó a afirmar que no habían pagado nada y Vodafone alegó que había habido una urgencia de cobertura de la compañía, que desde el ayuntamiento derivaron su petición a ENGESTUR y que no había ningún documento, ya que todo el proceso se hizo a partir de correos electrónicos y conversaciones.

Vodafone también detalló a los Mossos, según el testigo, que no habían pagado nada para instalar estas antenas y que en varias ocasiones se había intentado documentar mediante convenio o un contrato para legalizar la instalación y que no lo habían conseguido, ni a través del servicio jurídico del ayuntamiento, ni de ENGESTUR ni de una empresa privada que trabajaba para esta sociedad pública.

Precisamente, en la sesión de hoy también ha testificado la entonces responsable de ordenación de infraestructuras de Vodafone en Cataluña y Aragón, que ha afirmado que no habló con el alcalde Albiol sobre la instalación de las antenas y ha asegurado que, pese a que su función era comprobar la legalidad de los procedimientos, no recordaba si en este caso se habían concedido previamente las licencias urbanística y ambiental.

La testigo, que desde 2013 ya no ocupa este puesto y tiene una excedencia de la operadora telefónica, ha insistido en que en el caso de Badalona la antena era provisional -aunque estuvo seis años instalada, hasta que se retiró en 2018- y que, en ocasiones de urgencia, como cree que era el que se está juzgando, se instalaban sin previamente tener las licencias.

En este sentido, ha puesto como ejemplo de instalaciones provisionales de urgencia el caso de Paiporta (València) -afectado por la DANA- y en Badalona lo ha justificado por la necesidad de dar servicio a la Guardia Urbana y a sus emergencias porque si no ponían la antena, ha advertido, se habría quedado sin cobertura.

Otro testigo, de una empresa que trabajaba para Vodafone en el proceso de instalación de antenas, ha explicado que su contacto en el ayuntamiento le planteó una cuestión "que no era ortodoxa" y que consistía que los pagos los recibiera directamente la sociedad municipal ENGESTUR, presidida por Albiol, ante lo que pidió que le acreditaran documentalmente si ello era legal y finalmente en su caso el proyecto "no llegó a buen puerto". EFE