Madrid, 25 nov (EFE).- Dos socios en las actividades del comisionista Víctor de Aldama -Luis Alberto Escolano y César Moreno- se han desvinculado este lunes ante el juez de la trama de las mascarillas que se investiga en el caso Koldo.
En su declaración como investigados ambos han accedido solo a contestar a las preguntas de sus abogados, que se han limitado a preguntarles sobre la trama de las mascarillas y han obviado en su interrogatorio otros aspectos que figuran en los informes de la Guardia Civil, han informado a EFE fuentes jurídicas presentes en las declaraciones.
De este modo, las defensas han omitido cualquier pregunta referida a su presunta implicación en la introducción por parte de la trama de los test PCR en aeropuertos de Canarias y Baleares durante la pandemia, de los pagos al comandante de la Guardia Civil investigado en esta causa y que estuvo destinado en la embajada de España en Caracas (Venezuela), o del supuesto pago del alquiler del piso de una mujer vinculada sentimentalmente al exministro José Luis Ábalos.
Solo a Escolano su abogado le ha preguntado por dos empresas que tiene en Portugal, a lo que se ha limitado a responder que ninguna de ella tenía relación con la trama de las mascarillas.
Este lunes también estaba prevista la comparecencia de un tercer socio de De Aldama, Ignacio Díaz Tapia, si bien el juez la ha trasladado al martes, cuando se realizará también la declaración como imputados de Javier Serrano y María Piedad Losada, quien habría hecho labores de secretaria para el comisionista.
Al inicio de la investigación, la Guardia Civil encontró un chat denominado "los cuatro mosqueteros", en el que figuraban Díaz Tapia, Serrano y Moreno con De Aldama. Estos habrían colaborado también con el comisionista en la despatrimonialización de sus fondos.
Las conversaciones en ese chat dejan además constancia de unos movimientos que la UCO interpreta como pagos al asesor del Ábalos, Koldo García, a través de su hermano en República Dominicana, suposición que De Aldama corroboró en su declaración.
En sus informes, la UCO de la Guardia Civil sostiene que De Aldama "mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él (Díaz Tapia, Serrano, César)", y que, entre otras cosas, se encargaban de la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo al comandante Rubén Villalba, que, según lo investigado, recibía de De Aldama 2.000 euros de manera mensual.
Sobre este pago recurrente, De Aldama, al que la UCO define como el "nexo corruptor" de la trama, desmintió ante el juez Ismael Moreno que se tratase de un pago por sus servicios, sino por teléfonos encriptados necesarios para su colaboración con la Guardia Civil.
Tras la declaración voluntaria el pasado jueves de este empresario, que supuso su salida de prisión provisional, la acusación que ejerce la organización ultracatólica Hazteoír ha solicitado una batería de diligencias que van desde la citación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, hasta la solicitud al juez de elevar exposición razonada al Tribunal Supremo, que ya investiga a Ábalos, con respecto al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. EFE
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