Madrid, 5 nov (EFE).- El abogado de la Generalitat Valenciana ha expresado en el juicio su "indignación" por el hecho de que la mayoría de irregularidades del 'cártel del fuego' para lograr contratos de aviones para la extinción de incendios forestales se produjeron en esta comunidad, como los sobornos al exconsejero del PP Serafín Castellano.
La Audiencia Nacional ha dejado este martes visto para sentencia el juicio a los 16 acusados en esta causa en una sesión en la que las defensas han advertido de que si se condena a las empresas implicadas a la prohibición de contratar con la administración pública durante un año, como piden Fiscalía y Abogacía del Estado, el Gobierno se quedaría sin medios para la extinción de incendios forestales en España.
Doce de los acusados pactaron con el fiscal confesar los hechos a cambio de penas menores a las inicialmente reclamadas, entre ellos Serafín Castellano, que evitará su ingreso en prisión.
Serafín Castellano ha aceptado ser condenado a dos años y siete meses de cárcel al confesar su participación en procesos irregulares de adjudicación al grupo de empresas Avialsa, propiedad del también procesado Vicente Huerta.
Huerta recompensó a Castellano con dinero en metálico además del pago de cacerías, monterías, hospedajes, viajes, un rifle, jamones, cenas, comidas y otras dádivas por más de 160.000 euros, según los hechos relatados por el fiscal reconocidos por el exconsejero.
El fiscal pedía inicialmente 21 años de prisión para Serafín Castellano, que ocupó las consellerías de Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación entre 1999 y 2014 y que además fue delegado del Gobierno en Valencia y dirigente del PP valenciano.
Por su parte, Vicente Huerta ha asumido tres años y cinco meses de cárcel frente a los 25 años que pedía inicialmente la Fiscalía para él.
Para ratificar los pactos el fiscal ha tenido en cuenta que Serafín Castellano y Vicente Huerta ya depositaron de forma conjunta 904.000 euros para indemnizar a las administraciones perjudicadas, así como que el segundo ha pagado casi un millón más por el mismo concepto y que el resto de acusados que han pactado han consignado 234.000.
Según manifestó el fiscal en su informe final se ha acreditado la existencia de un cártel de empresas que se repartió al menos entre 1999 y 2015 de forma oculta el mercado para obtener de forma irregular adjudicaciones públicas de aeronaves para la extinción de incendios forestales en España y que hubo un "riego de regalos" a cargos y funcionarios para obtener su favorecimiento.
Este martes ha expuesto su informe el abogado de la Generalitat Valencicana, que solo acusa en esta causa a Serafín Castellano y a Viente Huerta y que no se ha opuesto al acuerdo de conformidad que ambos han llegado con la Fiscalía Anticorrupción.
"Destacar que la mayoría de irregularidades por desgracia y por vergüenza e indignación de este letrado se produjeron en la Comunidad Valenciana", ha manifestado.
Por su parte el abogado de Viente Huerta ha pedido la aplicación para su representado de la suspensión extraordinaria de la ejecución de la condena pactada ya que sobre la misma se basó el acuerdo de conformidad y ha recordado que todas las acusaciones han anticipado su voluntad de informar favorablemente a la misma.
Y ha asegurado: "Desde la perspectiva de Vicente Huerta hay plena contrición respecto de los hechos, cese inmediato de cualquier circunstancia con visos de antijuricidad, implementación de todos los programas de 'compliance' (cumplimiento normativo) y resarcimiento hasta en dos millones de euros".
Solo cuatro acusados no pactaron con el fiscal, que ha rebajado para ellos distintas peticiones de pena de cárcel o inhabilitación al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde que se abrió el procedimiento en 2015, todos los cuales han reclamado su absolución, entre ellos el que fue gerente de Avialsa entre 2006 y 2012, Francisco Antonio A.E..
El abogado de este último ha pedido que se le aplique la excusa absolutoria ya que la denuncia que presentó en 2014 en la Fiscalía con la aportación de casi 500 documentos permitió destapar y desmantelar este cártel. EFE
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