El Ayuntamiento de Barcelona y los de 9 localidades del área metropolitana (Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú) han firmado este miércoles una declaración en la que piden reformas legislativas en la regulación de la multirreincidencia delictiva.
En la declaración, consultada por Europa Press, estos municipios reclaman impulsar una reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para "penalizar de forma efectiva la multirreincidencia".
También defienden la modificación de la Ley de Demarcación y Planta judicial para "incrementar la planta judicial, aumentando así el número de juzgados, juzgados de guardia, jueces de refuerzo para delitos leves y juzgados de ejecutorias", y piden dorarles de los medios necesarios para aplicar de forma efectiva la legislación.
MÁS RECURSOS
Los 10 consistorios también han apostado por incrementar los recursos humanos, tecnológicos, materiales y presupuestarios del sistema judicial para "reducir la sobrecarga del sistema y aumentar su eficacia".
También han defendido la creación de cuatro juzgados penales que asuman la competencia de juicios rápidos del resto de partidos judiciales de la provincia de Barcelona.
SEGURIDAD COMO POLÍTICA SOCIAL
El texto también define que la seguridad como una política social que es fundamental para garantizar el ejercicio de cualquier derecho, y critica que sea un ámbito "que la extrema derecha instrumentaliza de forma constante, provocando situaciones de conflicto vecinal que ponen en riesgo la cohesión".
Estos ayuntamientos se han comprometido a trasladar esta declaración a la Generalitat, el Parlament, el Congreso y sus grupos parlamentarios, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Interior y al de Justicia.
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