El fiscal general ya ha anunciado que seguirá en el cargo pese a la imputación del Supremo
MADRID 16 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera, ha asegurado este miércoles que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe "reflexionar" tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de imputarle por presunta revelación de secretos, mientras que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha exigido su dimisión, y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que pertenece-- le ha respaldado.
La AF aún está trabajando en un comunicado que prevé emitir a lo largo del día, pero su presidenta Cristina Dexeus ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la imputación de García Ortiz pone en "una situación muy delicada a la carrera fiscal".
"Que el fiscal general esté imputado deja la credibilidad de la institución bastante por los suelos", señala Dexeus, quien recuerda que "es el primer fiscal general al que se le abre una causa penal".
Preguntada sobre si desde la AF pedirán la dimisión de García Ortiz, Dexeus asegura que "el primero que tendría que pensarlo es él". "Tiene que reflexionar. Entiendo que defienda su presunción de inocencia. Pero en su caso, lo que a él le ocurre repercute en la carrera fiscal. Eso es lo que el debe valorar. Si por defenderse a sí mismo debe arrastrar a la institución", apunta.
Esta misma mañana, el fiscal general ha emitido un comunicado en el que asegura que continuará en el cargo. "Es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo", ha dicho tras conocer que el Supremo le ha imputado por la presunta revelación de secretos de la que le acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
APIF: "ES ABSOLUTAMENTE INCOMPATIBLE"
Por su parte, la APIF insiste en que tras la decisión del alto tribunal, García Ortiz "ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio" que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
"En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito", explica en un comunicado de esta asociación, recogido por Europa Press.
Para la APIF, el fiscal general "ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público" y por tanto "no es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto".
Pone el foco en que según el EOMF la Fiscalía General del Estado puede acordar la suspensión cautelar de un fiscal incurso en un procedimiento penal, y apunta que "no tiene ningún sentido" que cualquier fiscal de España pueda ser suspendido "salvo que sea fiscal general.
"Parece urgente y necesario modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incluir una nueva causa de cese del fiscal general del Estado", resalta, para incidir en que el artículo 31 de ese estatuto subraya que la duración del mandato es de cuatro años y que solo puede cesar por incompatibilidades, a petición propia, por incapacidad, por incumplimiento grave de sus funciones o cuando cesa el Gobierno.
La APIF concluye su comunicado señalando que mantener un fiscal general del Estado con la condición de investigado como posible responsable de un delito, "es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho".
LA UPF DISCREPA DEL SUPREMO
Al margen, la UPF ha apoyado la actuación del fiscal general y la de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Además, ha mostrado su "profunda preocupación" por "la presión y el desgaste" al que están siendo sometidos la figura del jefe del Ministerio Público y la propia institución.
En un comunicado difundido este miércoles, la UPF sostiene que el auto del Supremo "en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia" del fiscal general y muestra, "de forma sosegada pero firme", su discrepancia con la argumentación del alto tribunal para imputar a García Ortiz.
En este sentido, la asociación respalda el criterio de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que en su informe defendió que los hechos investigados no tienen carácter delictivo.
Para la UPF, la nota informativa que envió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 se enmarca en "la obligación del Ministerio Fiscal de proporcionar a la ciudadanía una información veraz" y venía a "aclarar las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación con anterioridad a dicha nota", ello "sin aportar o revelar ningún dato que no fuera ya conocido por la opinión pública".
Así las cosas, la UPF ha hecho un "llamamiento público a la prudencia y a la moderación, al respeto a las personas, a su presunción de inocencia y a la función constitucional ejercida por los fiscales".
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