La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --la mayoritaria en la carrera judicial-- y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han advertido este miércoles sobre el "enorme daño" que provoca al Ministerio Público la "imagen" de un fiscal general del Estado investigado, después de que el Tribunal Supremo haya acordado abrir causa contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Es lamentable el enorme daño que causa a la institución y a la labor que cada día desempeñan en este país los fiscales, comprometidos con el principio de legalidad y con los valores constitucionales", ha dicho la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, en declaraciones a Europa Press.
Interrogada sobre si cree que García Ortiz debería dimitir, ha señalado que " el respeto a las instituciones tendría que estar por encima del interés personal". "Pero ha decido seguir", ha remachado.
Del Barco se ha planteado "por cuánto tiempo puede mantenerse esta situación, que sólo perjudica la imagen de la Fiscalía y la labor de los fiscales en nuestro Estado de Derecho".
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva. "Hoy es un día triste para la Justicia de nuestro país porque por primera vez en la historia tenemos a un fiscal general del Estado con la condición de investigado en un proceso penal", ha dicho en un comunicado.
Oliva ha manifestado que, "con independencia de proclamar la presunción de inocencia que todo investigado tiene en cualquier procedimiento penal, es oportuno y necesario hacer una reflexión sobre lo que supone tener un fiscal general del Estado investigado en nuestro país".
"Es cierto que hay miles de fiscales que hacen su trabajo de la mejor manera posible, pero la imagen que se traslada a la ciudadanía con un fiscal general del Estado investigado puede ser perjudicial para aquellos que dudan de la independencia e imparcialidad de nuestros fiscales", ha considerado.
Por ello, ha instado a "seguir con las recomendaciones de la Unión Europea y profundizar en la necesaria independencia e imparcialidad de la Fiscalía General del Estado como única manera de recobrar el prestigio que tenía".
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