Murcia, 4 oct (EFE).- El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, ha considerado que el sistema de reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas se estableció para dar respuesta a una situación “coyuntural” por lo que debe ahora transformarse en medidas “estructurales” ante una realidad que va en aumento.
Lo ha dicho en Murcia, donde este viernes participa en las jornadas organizadas por la Sociedad de Pediatría del Sureste de España con motivo del Día de la Pediatría, y que este año ponen el foco en el acogimiento y atención de la infancia que migra sola.
Pérez ha insistido en que los modelos de contingencia con los que se ha contado hasta el momento para acoger a estos niños y adolescentes ofrece soluciones que “son inasumibles con las cifras actuales” que manejan las comunidades autónomas, aunque ha sido tajante al negar que estos niños constituyan un problema para el país.
“Decir, en un país de 47 millones de habitantes, que atender la situación de unos 16.000 menores, que ha llegado huyendo de condiciones terribles, es un problema o hablar de una invasión es vulnerar los derechos de la infancia y es mentir. Un partido político que afirma eso, no tiene proyecto de país”, ha subrayado.
En su opinión, los partidos de la derecha y la ultraderecha han entrado en un “debate absolutamente ridículo de cifras” cuando el verdadero debate no está en el reparto de estas personas, en cómo habrá que adaptar el sistema sanitario o los servicios sociales para atender sus necesidades.
Ese era el objetivo, ha dicho, que perseguía la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para establecer las condiciones para llevar a cabo el reparto de estos adolescentes entre las comunidades autónomas, de manera que se diera una solución estructural a un problema que también es estructural, no dejando el reparto a voluntad de los territorios.
Para ello, ha explicado, el Gobierno intentó introducir en la ley un modelo “que tuviera como referencia el sistema anterior”, pactado en la Conferencia Sectorial de la Infancia, y mediante el que se organizaron sin mayores contratiempos el reparto de los chavales en los años 2022 y 2023 y que, sin embargo, ha generado controversia este 2024.
El cambio legal planteado en la ley de extranjería se basaba, ha insistido, en esos mismos criterios aceptados por las comunidades en la conferencia sectorial, por lo que ha lamentado que territorios que sí lo apoyaron en esa conferencia, lo rechazaran en el cambio legal.
En su opinión, “el debate solo es uno”: si las comunidades están “dispuestas a asumir de forma solidaria” la atención a estos niños y adolescentes, y el Ejecutivo central continúa trabajando para lograr un acuerdo que el secretario de estado sí considera posible.
Actualmente, ha insistido, “hay 17 modelos de protección a la infancia”, por lo que es necesario buscar una armonización porque mientras hay comunidades, también gobernadas por el PP, ha dicho, que “hacen un trabajo magnífico” en esta materia, otras hacen “aberraciones”.
Entre estas últimas ha destacado el caso de la Comunidad de Madrid, mientras que como ejemplo de buenas prácticas ha citado a Navarra, donde se prima el acogimiento familiar de los menores, o Asturias y Galicia, que contemplan itinerarios de acompañamiento para el paso a la vida adulta.
En el caso de la Región de Murcia, ha lamentado que es una de las comunidades que “protestó” y “puso pegas” al sistema de reparto, a pesar de que era “el mismo modelo que funcionó” para ese fin en los años previos.
Para el presidente de la Sociedad de Pediatría del Sureste de España, el pediatra Juan Antonio Ortega, cuando se habla de menores migrantes que viajan solos, el debate debe centrarse en que “los derechos de la infancia son ineludibles” y, por lo tanto, esos derechos deben ser una “realidad común” para todos los menores y en todas las comunidades autónomas.
Esta población, ha apuntado, “no vota, pero merece respeto y acogida, y que se les pueda garantizar un futuro digno”, ha subrayado. EFE
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