Madrid, 24 sep (EFE).- El pleno del Congreso de los Diputados ha mostrado este martes su apoyo unánime a la proposición no de ley que insta al Gobierno a sacar adelante el reglamento que permitirá a las víctimas del amianto acceder a las ayudas del fondo de compensación.
Todos los grupos presentes en la cámara baja han manifestado su apoyo a la iniciativa presentada por la diputada del PNV Idoia Sagastizábal, que urge al Ejecutivo a iniciar el trámite parlamentario para que dicho fondo esté operativo lo antes posible.
Sagastizábal ha recordado que en octubre de 2022 se aprobó una ley que creaba un fondo de compensación para víctimas del amianto pero que establecía un plazo de tres meses, hasta enero de 2023, para la puesta en marcha de un reglamento necesario para articular las ayudas.
"No se sabe cuándo se pondrá en marcha el fondo y el Gobierno sigue dando largas sobre esta fecha. Sólo buenas palabras", ha asegurado la diputada vasca.
Sagastizábal ha criticado que el proyecto de ley que desarrolla el reglamento siga en audiencia pública y que contemple indemnizaciones económicas inferiores a las que consiguen las víctimas vía judicial y a las que se dan a otros colectivos como la talidomida.
En este sentido, la diputada vasca ha manifestado que le cuesta "entender el retraso", porque con el fondo acabarían los procesos judiciales largos a los que las víctimas se ven abocadas a acudir, falleciendo en muchos casos antes de tener una sentencia.
"La ley implica justicia, tarde, pero justicia. Implica reconocimiento y reparación, pero la reparación está aún por ver", ha concluido.
La diputada socialista María Luisa García ha señalado que el reglamento está en tramitación y que, tras recibir las aportaciones de las comunidades autónomas, el Gobierno "está llevando a cabo un análisis de las sugerencias para la toma en consideración de la norma".
"Es necesario realizar una labor rigurosa y jurídicamente segura, sobre todo para las víctimas", ha dicho la diputada del PSOE.
García ha asegurado que el grupo socialista comparte "todo el dolor y la aflicción de todas las personas afectadas", al tiempo que ha añadido que "aunque somos conscientes de que las compensaciones no devolverán a sus seres querido a sus familias, es una cuestión de justicia".
El fondo, tal y como quedó recogido en la ley, se gestionará por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y contará con consignaciones o transferencias que se determinen en los presupuestos, así como con otras aportaciones como, por ejemplo, de sanciones a empresas.
En principio, el fondo cuenta con una dotación de 25 millones de euros y la demora en el reglamento no perjudica el derecho a las indemnizaciones reconocido a las víctimas, recuerdan desde la Seguridad Social.
El amianto es un agente cancerígeno responsable de asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, entre otras enfermedades mortales.
El pico máximo de uso del amianto se produjo en España entre los años 1970 y 1980, y unas tres cuartas partes fueron utilizadas en la construcción.
Según la ley, "si se hace una estimación del número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades".
Los diputados de UPN, BNG, Podemos, Bildu, Junts, ERC, Vox y PP han urgido al Gobierno a aprobar cuánto antes el reglamento para poner en marcha ese fondo de compensación y han mostrado su apoyo y respeto a las asociaciones de víctimas del amianto, presentes en esta jornada en la Cámara Baja. EFE
mvm/jla
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