Madrid, 24 ago (EFECOM).- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha rechazado la petición de nulidad de España del laudo que reconoció a Renergy, con sede en Luxemburgo, el derecho a ser indemnizada con 32,9 millones de euros por el recorte de las primas a las renovables en 2013.
En mayo de 2022, el Ciadi había dado la razón a Renergy en el arbitraje que inició en agosto de 2014. La sociedad reclamaba una compensación de 152 millones de euros por el perjuicio que le ocasionaron los cambios en la normativa de energías renovables en España.
Ese laudo favorable a Renergy sólo le reconoció 32,9 millones de euros y contó con la opinión disidente de Phillipe Sands, el árbitro nombrado por España, frente a la de los otros dos encargados del caso.
España registró después, en septiembre de 2022, un procedimiento para la anulación de ese laudo y en noviembre de ese año fueron designados los tres árbitros del panel encargado de analizar dicha petición, sobre la que se han pronunciado el pasado 14 de agosto.
El cambio en la normativa española para la retribución a las renovables en 2013, con el Gobierno de Mariano Rajoy, supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil y desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.
La reforma del PP, aprobada ante la grave situación de déficit del sistema eléctrico español, hizo caer la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables.
El Estado español, que viene recurriendo los laudos favorables a inversores afectados por la reforma en cortes de arbitraje, asegura que ha conseguido reducir en un 85 % el importe demandado.
Según estimaciones del Ministerio de Economía, sobre reclamaciones de 10.635 millones, las indemnizaciones reconocidas ascienden a unos 1.500 millones.
Entretanto, afectados por el impago de las indemnizaciones por la retirada retroactiva de las primas a las renovables han enviado al Gobierno español una notificación prejudicial, que alerta de la "próxima puesta en marcha de un procedimiento de 'default' técnico" por el incumplimiento "reiterado" de los laudos que condenan a España a pagar más de 1.560 millones.
Antes, en abril de 2023, se supo que la firma estadounidense Blasket Renewable Investments había activado una cláusula que declaraba a España en "impago técnico", después de que el Ejecutivo siguiera sin abonar los laudos pendientes por los recortes a las primas a las energías renovables.
Además, en los últimos tiempos se han reconocido algunas pretensiones de acreedores que han reclamado ciertas medidas de compensación por los impagos.
El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales autorizó en su día ejecutar el embargo de cuatro cuentas del Instituto Cervantes en el Reino Unido por un laudo contra España.
Recientemente se ha publicado que la Justicia británica había dado el visto bueno al embargo cautelar que afecta al 26 % del derecho de usufructo que el gestor aeroportuario español Aena posee sobre la operativa del aeropuerto de Luton. EFECOM
cga/sgb
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