Valladolid, 6 jun (EFE).- La Junta de Castilla y León tendrá que pagar 50.366 euros a una paciente vallisoletana, afectada por un cáncer de ovario, que fue derivada por la sanidad pública (Sacyl) a cuidados paliativos y no atendió la posibilidad que sí le ofreció una clínica privada, que finalmente trató y curó el tumor de esta mujer.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº3 de Valladolid, en la que condena a la Consejería de Sanidad a reintegrar a la paciente los gastos derivados de su intervención en la Clínica Universidad de Navarra, según ha explicado la Asociación del Defensor del Paciente en un comunicado.
Este recinto privado asumió el caso después de que el Hospital Río Hortega de Valladolid descartara el tratamiento al analizar la biopsia y considerar que estaba en un estado avanzado e inoperable, tras iniciar un tratamiento de quimioterapia que no dio resultado, según figura en la sentencia aportada por los denunciantes.
La paciente, de 52 años en marzo de 2020, fue empeorando de forma rápida y registró una pérdida de peso excesiva, hasta estar por debajo de los 40 kilos, y fue derivada al servicio de cuidados paliativos.
Buscando una segunda opinión médica, la familia recurrió a la Clínica Universidad de Navarra, donde le ofrecieron como alternativa una intervención quirúrgica, ya que entendían que la quimioterapia aplicada en el hospital vallisoletano no era efectiva en este caso.
Ante esta situación y con la recomendación de una operación sin demora para salvar la vida, la paciente volvió al Hospital Río Hortega de Valladolid con la opción ofrecida por la clínica privada, pero la respuesta del servicio de Oncología fue que ya estaba en manos de cuidados paliativos y así continuaría hasta el final, detalla la asociación demandante.
Tras esta negativa, la paciente decidió someterse a la intervención quirúrgica en la Clínica Universidad de Navarra en julio de 2020 y posteriormente realizar un tratamiento de quimioterapia, tras lo que quedó libre de la enfermedad.
La Consejería de Sanidad, que recurrió la sentencia de primera instancia, alegaba que la paciente había hecho un uso "caprichoso de los medios de la sanidad privada, buscando ahora que se le devolviera lo gastado de una manera injusta", según las explicaciones dadas por la asociación demandante.
La sentencia respalda el proceder de la paciente y su familia al tratarse de una "urgencia vital" y quedar demostrado que su situación no era inoperable.
La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha criticado que con este diagnóstico y trato por parte de la sanidad pública, Sacyl "firmó una sentencia de muerte, a pesar de que existía tratamiento para erradicar el cáncer de la paciente".EFE
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