Madrid, 13 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad quiere blindar la sanidad pública mediante una ley de Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que contempla limitar y facilitar a las comunidades la reversión de la gestión privada de los servicios sanitarios públicos y mejorar los procedimientos de transparencia y auditoría.
Así consta en el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del SNS que Sanidad ha sacado a consulta pública previa este lunes, y al que ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo consideren pueden presentar sus aportaciones hasta el próximo 28 de mayo.
Esta iniciativa supone el primer proyecto normativo íntegramente orientado a la regulación de la gestión pública del SNS, convirtiéndose en la primera norma, desde la ley de habilitación de nuevas formas de gestión del SNS de 1997, que se dedica en su totalidad a legislar sobre los modelos de gestión.
Y nace, según subraya el texto, de "la necesidad de establecer de forma clara la prioridad absoluta de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios", así como el alcance, los procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual con las administraciones públicas y bajo qué condiciones.
Además, aspira a incorporar al marco legislativo "elementos relacionados con la integridad" de la gestión del SNS y la prevención del fraude en el mismo y atender la necesidad de reforzar normativamente diferentes aspectos relacionados con las garantías, el control y el seguimiento en materia de contratación, "aspectos que han tomado especial relevancia tras algunos casos de irregularidades ocurridos en los últimos años".
La entrada de empresas privadas en la gestión de la sanidad pública, argumenta Sanidad, ha traído consigo "lógicas de funcionamiento relacionadas con el funcionamiento comercial y la necesidad de obtener beneficios empresariales".
En los contratos entre ambos sectores "han abundado elementos no deseables" para el sistema sanitario público, como la pérdida de la capacidad de control en la gestión por parte de las administraciones públicas y el "blindaje diferencial" de los contratos con el sector privado, lo que ha redundado en la "necesidad de repercutir doblemente" las restricciones presupuestarias sobre los hospitales de gestión pública.
También la "creación de sistemas paralelos" de derivación entre centros sanitarios en aquellas regiones en las que una empresa "ha copado una parte significativa del mercado", así como la "incapacidad" de las administraciones públicas de revertir decisiones en materia de privatización de la gestión o la falta de transparencia en la liquidación de los pagos.
Por eso, el anteproyecto se ha fijado como objetivo regular cuatro aspectos, el primero, la limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro.
El segundo, mejorar los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad.
Además, quiere facilitar a las comunidades la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes y, por último, establecer las prácticas de gestión pública que posibiliten "alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad española", subraya.
"Queremos garantizar la integridad de nuestro Sistema Nacional de Salud, tantas veces amenazado por la corrupción institucional, tantas veces privatizado y vendido al peor postor de manera impune", ha resumido en su cuenta de X la ministra de Sanidad, Mónica García, poco después de haber anunciado el arranque de la tramitación de esta normativa.
En suma, se va a tratar de una ley "basada en la mejor evidencia científica públicada al respecto; que recoge el aprendizaje de 3 décadas de experimentos de privatización en España; que refuerza nuestra sanidad, con la experiencia y conocimiento de ciudadanía y profesionales", ha concluido.
EFE
ada/oli
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