Presidenta de Asociación de Fiscales: La ley de amnistía discrimina por razón ideológica

Madrid, 30 abr (EFE).- La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha advertido en el Senado de la inconstitucionalidad de la proposición del PSOE de una ley de amnistía para los implicados en el proceso de independencia de Cataluña al invadir competencias del poder judicial y ser discriminatoria por motivos "ideológicos".

Cristina Dexeus ha comparecido este martes en una sesión conjunta de las comisiones Constitucional y de Justicia de la cámara alta para informar en relación con la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

"La norma no responde a principios de justicia y equidad sino que simplemente se basa en un pacto entre formaciones políticas para una investidura con un beneficio recíproco y para personas concretas", ha comentado Cristina Dexeus, que ha intervenido también como representante del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho.

Ha explicado que "las conductas amnistiadas seguirán siendo delictivas y sus autores penalmente sancionados en su caso para todos aquellos que no compartan una determinada opinión o ideología, lo que genera una discriminación palmaria por motivos ideológicos entre ciudadanos que han cometido objetivamente el mismo hecho".

Para Cristina Dexeus "aunque es obvio que los conflictos de carácter político deben resolverse en el ámbito político no ocurre lo mismo cuando alguno de los máximos representantes y responsables de la Generalitat de Cataluña utilizan las atribuciones que les reconocen la Constitución y las leyes para infringir el propio ordenamiento jurídico que deben defender y respetar".

"En este caso el conflicto político no es tal y lo que hay es la comisión de delitos que ponen en marcha el mecanismo de procedimiento judicial", ha abundado la presidenta de la Asociación de Fiscales, que ha insistido en que el diálogo político no es incompatible con la aplicación o la actuación jurisdiccional en los casos en los que se cometan hechos delictivos.

En todo caso ha mantenido que la figura de la amnistía no está recogida en la Constitución, que solo ampara los indultos particulares, no generales.

Igualmente ha sostenido que "la amnistía supone la quiebra del principio de separación de poderes y una injerencia en el poder judicial".

Dexeus ha considerado igualmente que "la proposición de ley es contraria al derecho de la Unión Europea y a los compromisos internacionales suscritos por España en la lucha contra formas delictivas de relevancia y especial gravedad, en concreto contra la corrupción, de tal forma que el delito de malversación no puede ser objeto de amnistía, igual que ocurre en materia de terrorismo".

También ha comparecido este martes en el Senado el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, que por el contrario ha estimado que aunque no de forma expresa en la Constitución sí figura la posibilidad de aprobar una amnistía.

Ha explicado que al incluirse la "prerrogativa de gracia" entre las excepciones de iniciativas legislativas populares se deduce que sí es posible articularla como proposición de ley por las Cortes o los parlamentos autonómicos o como proyecto de ley del Gobierno.

"La cuestión de fondo es la integración de Cataluña en España, que es el problema constitucional más importante de la democracia española", ha destacado Pérez Royo para justificar la necesidad de una iniciativa que trate de resolverlo.

Sobre el hecho de que sea fruto de unos acuerdos entre el PSOE y Junts, el partido liderado por el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, reclamado por el Tribunal Supremo español para ser juzgado en la causa del procès, ha aclarado que "es políticamente relevante pero jurídicamente no".

Y entiende que se trata de un "problema nacional que tendría que traspasar el límite del derecho internacional humanitario para que pasara al ámbito de los tribunales europeos" y que no se ve afectada la separación de poderes porque "la amnistía no es una revisión de la acción de los tribunales" y en todo caso son los jueces los que tendrán que aplicar la ley. EFE

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