Melilla, 7 abr (EFE).- El Gobierno de Melilla ha anunciado que se personará en la operación Santiago-Rusadir, que investiga presuntos delitos relacionados con la corrupción en la pasada legislatura, cuando el Ejecutivo regional estaba en manos de Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Cs).
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado en su perfil de la red social X que esta personación será acordada la próxima semana en el Consejo de Gobierno, dados los “presuntos graves delitos cometidos por miembros del Gobierno anterior”.
Aunque la investigación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, se centra en áreas gestionadas por CPM y parte de los 33 detenidos pertenecen a ese partido, el presidente melillense ha puesto el foco en el PSOE, su socio político en la anterior legislatura, porque “aupó y mantuvo” ese Gobierno.
Imbroda cree que “será interesante conocer los acuerdos colegiados investigados” en esta operación.
De este modo, Imbroda ha insistido en otro mensaje anterior respecto al papel del PSOE en la pasada legislatura, ya que continuó siendo socio político de CPM “a pesar de muchas advertencias”.
“Si el PSOE de Melilla cree que se puede ‘ir de rositas’ sin responsabilidad alguna del proceso judicial que, por presuntos delitos graves, les ha caído a sus compañeros de Gobierno, están muy equivocados”, ha apostillado el presidente melillense, que desde el inicio de la operación, hace poco más de un mes, afirmó que los socios de CPM tenían “responsabilidad política” en este caso.
De esta manera, Imbroda confirma la personación de su Gobierno en este proceso judicial, una opción que, tal y como apuntó él mismo a principios de esta semana, estaban barajando y que aún no habían decidido a la espera de conocer en profundidad el sumario parcialmente levantado para comprobar “en qué se han visto afectados los melillenses”.
“El Gobierno tiene la obligación de defenderlos y, si eso es así, tendremos que personarnos, claro”, dijo Imbroda el pasado martes tras recalcar que los presuntos delitos que se investigan en esta operación judicial “son de un carácter muy grave” y están “muy penados” en el Código Penal, por lo que no se trata de un delito electoral.
Según el auto judicial de levantamiento del secreto de sumario, los hechos que se investigan en esta operación podrían ser constitutivos de presuntos delitos de fraude en la contratación pública, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
Cinco de los 33 investigados permanecen en prisión provisional, comunicada y sin fianza, dos de los cuales son diputados de CPM en esta legislatura. EFE
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