El Govern Armengol habla de "cacería" contra la presidenta, defiende su gestión y admite que Fomento avaló a la empresa

El Gobierno balear que presidió Francina Armengol ha confirmado que el Ministerio de Fomento que dirigía José Luis Ábalos avaló a la empresa que promocionaba Koldo García, asesor del entonces ministro, pero en todo caso defiende su actuación con el contrato de mascarillas reclamado y denuncia una "cacería" contra la ahora presidenta del Congreso. Así lo ha explicado el socialista Iago Neguerela, que fue portavoz de aquel gobierno autonómico, que dice desconocer si la recomendación de Fomento que llegó al Gobierno balear vino del propio Koldo o de otra persona. Lo que sí niega es que hubiera "presiones" del Ministerio o de su titular para contratar con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. En un encuentro informal con medios en Madrid, ha relatado que en esos meses de crisis sanitaria llegaban muchas recomendaciones de ese tipo y se enviaban a los técnicos, que eran quienes gestionaban las compras de material. Eso sí, aquel aval de Fomento dio un plus de "credibilidad" a la empresa, aunque ahora, cuatro años después y, a la vista de todo el escándalo, el Govern Armengol también se siente "engañado" y dice ser una "víctima" de esa gente que, de acuerdo con la investigación judicial, se ha podido enriquecer con esos contratos de emergencia. Y, en todo caso, han defendido su gestión con ese contrato de 3,7 millones que se adjudicó a la empresa de la trama en abril de 2020, en plena emergencia sanitaria. Aunque pasó por el Consejo de Gobierno, el responsable socialista subraya que todo el proceso lo llevó el Instituto Balear de Salud (IBSalut) y que ni la presidenta ni los consejeros estaban al tanto de los detalles. De hecho, aseguran que en esos primeros tres meses de pandemia autorizaron compras de material por un valor total de 90 millones, y ése era uno de tantos contratos que pasaban por la mesa del Consell. Aseguran que, desde el principio, este contrato de emergencia buscaba la adquisición de mascarillas de uso domiciliario y para tener stock, no para uso inmediato en centros sanitarios, y la controversia arranca cuando, en junio de ese año, ya ven que el material adquirido no responde a las cualidades técnicas que habían pedido. Esas mascarillas no llegaron a usarse, quedaron almacenadas porque fueron adquiriendo otras mejores a cuyo uso daban prioridad. Tampoco se destruyeron porque lo desaconsejaba el gobierno central y porque les venía bien como stock para, meses después, acogerse a las fases de desescalada. Pero con el tiempo empezaron a revisar los contratos firmados y en julio de 2022 el IBSalut ya pensaba en reclamar, en febrero de 2023 se analizó en una reunión de su dirección y al mes siguiente se comunicó a la empresa, que expresó su disconformidad. Su reclamación buscaba la devolución de 2,4 millones, la diferencia de coste entre la clase de mascarillas que habían pedido y la que les llegó. Esa reclamación se formaliza en julio de 2023, con el Govern ya en funciones, y se comunica al nuevo Gobierno del PP en el traspaso de poderes. Los socialistas sostienen que ese expediente de reclamación debía haberse resuelto en seis meses y están convencidos de que ha decaído por inacción del Ejecutivo de la 'popular' Marga Prohens.