Valladolid, 24 feb (EFE).- El juicio del caso conocido como trama de la Perla Negra, en el que figuran 12 encausados, exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios, comienza el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid.
Durante 26 sesiones se desarrollará la vista oral por la supuesta comisión de irregularidades (sobrecoste) en la compra, por parte de la Junta, del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) -inmueble conocido como la Perla Negra- y la adquisición de terrenos del fallido parque empresarial de Portillo.
La Fiscalía considera provisionalmente que los hechos constituyen delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; malversación de caudales públicos y violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.
La solicitud de penas del Ministerio Público en el caso, en el que también están personados la Junta de Castilla y León y el PSOE, oscila entre los cuatro y los 11 años de prisión. Todas las defensas solicitan la absolución.
La vista oral por unos hechos que ocurrieron entre 2006 y 2010 comenzará con la exposición de cuestiones previas y las declaraciones de testigos y peritos, mientras los procesados serán los últimos en declarar en el juicio, cuya finalización está prevista para el 8 de mayo.
Entre los llamados a comparecer en calidad de testigos en el mes de marzo se encuentran el expresidente de Castilla y León Juan Vicente Herrera (día 14), la exconsejera de Hacienda Pilar del Olmo (12) y el exdelegado territorial de la Junta en Valladolid Pablo Trillo-Figueroa, procurador del PP en la actualidad (5).
La Fiscalía considera que los hechos en los que se cometieron supuestas irregularidades en la compra de la Perla Negra y la adquisición de los terrenos para el fallido polígono industrial de Portillo "fueron propiciados desde la cúpula" de la Consejería de Economía y Empleo, "cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva".
Para la acusación pública, el propósito fue "beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 S.L. y Parque Empresarial de Portillo S.L.) y a los particulares que las gestionaban" que son seis de los 12 encausados. EFE
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