Sevilla, 21 feb (EFE).- La red de explotación laboral desarticulada en Sevilla, con la detención de 15 personas, obligaba a inmigrantes moldavos y rumanos -a los que captaban en sus países por redes sociales- a trabajar en el campo en jornadas de 12 horas en las que no les permitían comer ni beber.
Mandos policiales y responsables de la investigación han informado este miércoles en rueda de prensa de la liberación de 21 víctimas de esta organización de trata de personas, que funcionaba al estilo de una subcontrata legal.
Es decir, los empresarios de varias fincas pagaban a las empresas pantalla de la red el salario de los trabajadores, aunque estos nunca llegaban a recibir el dinero, hacían jornadas de 12 horas y dormían hacinados en el suelo, según ha explicado la Policía Nacional .
Una de las víctimas se precipitó por una ventana cuando intentaba huir del lugar donde estaba recluida, así como una mujer embarazada de gemelos fue obligada a trabajar con tal intensidad que abortó a uno de los fetos, mientras que el segundo continua ingresado en el centro hospitalario en el que nació.
La Policía ha detallado que como los integrantes de la red de explotación no pagaban a los trabajadores, podían ofertar a los propietarios de las fincas precios a la baja y hacerse con muchos contratos.
Los detenidos, tres de los cuales siguen en prisión, llevaban un alto nivel de vida, mientras sus víctimas tenían que buscar en la basura para alimentarse y no se les permitía beber ni comer durante la jornada laboral, pese a las altas temperaturas y al trabajo físico que debían realizar.
La actuación policial se inició en abril de 2022 al tener conocimiento de la existencia de varias víctimas de trata de seres humanos en la localidad sevillana de Brenes, a las que explotaban para trabajos agrícolas, y se extendió a la vecina población de Cantillana.
Además, la organización criminal, falsificaba los documentos de nacionalidad rumana o moldava de las víctimas y retenía la documentación real.
Para captar a sus víctimas, los detenidos publicitaban en redes sociales condiciones laborales y salarios ficticios. Los empleados eran trasladados desde sus localidades de origen en autobús hasta Sevilla y no pagaban el viaje, con lo que contraían una deuda que forzaba aún más su condición de vulnerabilidad.
Una vez en Sevilla, miembros de la organización les llevaban hasta viviendas sin condiciones de habitabilidad y trabajaban hasta la extenuación, realizando diferentes tareas agrícolas durante largas jornadas laborales, especialmente en cultivos hortofrutícolas.
Durante la investigación se realizaron siete registros en Brenes y Cantillana y se intervinieron 15 teléfonos móviles de alta gama, tres ordenadores, varios dispositivos de almacenamiento, nueve relojes, joyas, más de 37.000 euros en efectivo y diversa documentación.
El trabajo policial se ha coordinado con la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía de Sevilla con la colaboración de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía y del Ayuntamiento de Brenes. EFE
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