Adiós al secreto salarial: Trabajo obligará a las empresas a revelar cómo deciden las subidas de sueldo de sus trabajadores

El Ministerio de Trabajo ha dado un nuevo paso para reforzar la transparencia salarial en las empresas españolas. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha presentado a sindicatos y organizaciones empresariales un borrador de real decreto que, entre otras medidas, pone fin al denominado secreto salarial y amplía el derecho de los trabajadores a conocer cómo se fijan los sueldos y las subidas retributivas dentro de las compañías.

La propuesta forma parte de la transposición parcial de la directiva europea sobre igualdad retributiva y transparencia salarial, cuyo plazo de adaptación expiró el pasado 7 de junio. El objetivo es facilitar la detección de posibles discriminaciones salariales, especialmente entre hombres y mujeres, y reforzar la igualdad en el ámbito laboral, recoge Efe.

Entre las principales novedades figura la nulidad de las cláusulas o acuerdos individuales que impidan a los trabajadores compartir o divulgar información sobre su salario. De salir adelante el texto, las empresas ya no podrán prohibir que sus empleados hablen libremente de cuánto cobran.

Más información sobre cómo se fijan los salarios

El borrador también amplía el derecho de información de los trabajadores sobre las políticas retributivas de las empresas. En concreto, cualquier empleado podrá solicitar información sobre los criterios utilizados para determinar los niveles salariales y la política de remuneraciones.

En el caso de las empresas con 50 o más trabajadores, la obligación será aún mayor. Estas compañías deberán informar también sobre los criterios que utilizan para decidir las progresiones salariales, es decir, los factores que determinan qué empleados reciben incrementos de sueldo y en qué condiciones.

Las empresas tendrán además la obligación de recordar, al menos una vez al año, que los trabajadores disponen de este derecho. Una vez presentada la solicitud, deberán facilitar la información en un plazo máximo de dos meses.

Más transparencia para reducir la brecha salarial

La reforma también modifica distintos instrumentos ya existentes para mejorar el control de las diferencias retributivas. Entre ellos, refuerza el contenido de las auditorías salariales y de los planes de actuación que las empresas deben elaborar cuando detectan desigualdades retributivas.

Asimismo, actualiza la regulación de los registros salariales y de los sistemas de valoración de puestos de trabajo, herramientas que permiten comparar funciones equivalentes y detectar posibles diferencias injustificadas entre empleados que realizan tareas similares.

Estas medidas forman parte de la adaptación de la normativa española a la directiva europea sobre transparencia salarial, cuyo propósito es combatir la brecha retributiva entre hombres y mujeres. La norma comunitaria obliga a las empresas a justificar las diferencias salariales superiores al 5% cuando no existan motivos objetivos que las expliquen y prevé un endurecimiento de las sanciones en caso de incumplimiento.

Los sindicatos piden acelerar la reforma

El borrador fue presentado este miércoles durante una reunión entre el Ministerio de Trabajo, las organizaciones empresariales y los sindicatos CCOO y UGT, que ahora analizarán el contenido de la propuesta antes de continuar la negociación.

Tras el encuentro, ambas organizaciones sindicales reclamaron al Gobierno que acelere la aprobación del conjunto de medidas pendientes para desarrollar la directiva europea. Entre ellas consideran prioritaria la reforma del registro horario, al entender que un mejor control de la jornada laboral resulta esencial para combatir las diferencias salariales derivadas de las horas extraordinarias no registradas o no remuneradas.

El Ejecutivo pretende cerrar la negociación con los agentes sociales durante las próximas semanas. Los sindicatos han avanzado que estudiarán el texto presentado y prevén volver a reunirse con el Ministerio de Trabajo a mediados de julio para continuar las conversaciones sobre una reforma que supondrá un cambio significativo en las obligaciones de transparencia de las empresas y en el acceso de los trabajadores a la información sobre sus condiciones salariales.