Condenado a 14 años por violar a su sobrina, una menor tutelada por la Generalitat de Cataluña: las agresiones se prolongaron durante cinco años

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 14 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente de forma continuada a su sobrina, una menor tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, según ha informado este domingo la agencia EFE. El acusado asumió de forma temporal la guarda de la adolescente y de su hermano menor entre 2016 y 2021 en su vivienda de Santa Perpètua de Mogoda, en Barcelona.

El tribunal lo considera responsable de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años con penetración. Además de la pena de cárcel, deberá indemnizar a la víctima con 25.000 euros y tendrá prohibido comunicarse con ella o acercarse a menos de 1.000 metros durante los dos años posteriores a su excarcelación.

La sentencia también establece diez años de libertad vigilada, diez años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, así como el pago de las costas procesales.

El abogado del condenado ya ha anunciado que recurrirá el fallo. La resolución supera la petición de la Fiscalía, que reclamaba 12 años de prisión y una indemnización de 15.000 euros. La acusación particular, ejercida por la víctima, había solicitado 18 años de cárcel y una compensación de 25.000 euros.

Durante el juicio, celebrado el pasado 13 de octubre en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, la joven relató que los abusos ocurrieron “casi cada noche” durante el tiempo que residió en la casa de su tío. Primero vivió allí de forma estable y, después, acudía los fines de semana. Según su declaración, las agresiones comenzaron cuando tenía 12 años y se prolongaron hasta los 17.

La víctima estaba bajo custodia de la DGAIA desde los cinco años. En septiembre de 2016 dejó el centro de acogida Puig d’Olena, en Sant Quirze Safaja, para vivir con el acusado, que había asumido su guarda. De acuerdo con el relato expuesto ante el tribunal, el hombre aprovechaba que compartían cama para realizarle tocamientos, besarla y obligarla a mantener relaciones sexuales con penetración. La joven afirmó también que durante esos episodios le daba alcohol y cocaína.

En 2018 regresó a un centro de acogida, aunque mantuvo las visitas de fin de semana a casa de su tío. La situación cambió cuando, a los 17 años, pidió a su tutora que suspendiera los permisos. En el proceso judicial, familiares del acusado declararon que este había reconocido haber mantenido relaciones sexuales con la adolescente. La causa incorporó grabaciones que respaldaron esos testimonios.

Deterioro emocional y falta de apoyo

La joven explicó que tardó en denunciar por el deterioro emocional que sufría y por la falta de apoyo. “Tenía la autoestima por el suelo, estaba destrozada y no sabía a quién recurrir”, declaró. En junio de 2023 volvió a la vivienda del acusado con la excusa de recuperar a su perro y grabó un audio en el que, según su testimonio, el hombre reconoció los hechos. La denuncia formal llegó en febrero de 2024.

No es un caso aislado

El caso vuelve a poner el foco sobre la protección de menores tutelados en Cataluña. La antigua DGAIA fue sustituida en junio de 2025 por la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), tras varias denuncias sobre fallos en la atención a adolescentes vulnerables.

Entre esos antecedentes figura el caso de Teófilo Lapeña, de 47 años, quien el pasado octubre aceptó una pena de 83 años de prisión tras un acuerdo con la Fiscalía. El acusado violó a una niña de 12 años tutelada por la DGAIA y la ofreció a otros hombres para que la agredieran sexualmente.

La investigadora Noemí Pereda, profesora de Victimología en la Universidad de Barcelona, señaló en una entrevista con Infobae que la explotación sexual de niños y adolescentes tutelados es “una problemática presente en toda España desde hace años” y que también se registra en otros países europeos. De hecho, en 2022 la Policía detuvo en Madrid a 37 personas acusadas de explotar sexualmente a diez niñas bajo tutela estatal en centros de menores. A comienzos de 2020, además, salió a la luz un caso en Mallorca en el que un grupo reclutó a 16 niñas tuteladas para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero y drogas.

La mayoría de los menores que llegan a centros de acogida en España han sufrido violencia o abusos sexuales intrafamiliares y, a pesar de que reciben atención, Pereda afirma que “faltan recursos y educadores especializados”. Entre las vulnerabilidades más significativas de estos jóvenes figuran una “muy baja autoestima y una necesidad de afecto y de atención enorme que desde el sistema de protección no se puede dar”, recordó la experta.

España cuenta con 1.375 centros de protección de menores con algo más de 19.000 plazas. La capacidad media de cada recurso es de 15 plazas, aunque existen diferencias notables dependiendo de cada comunidad autónoma. Cataluña concentra el mayor número de centros, con 260, y también lidera la oferta de plazas, con 4.651, y en muchos de ellos se atiende a menores extranjeros no acompañados.