Quién dio las órdenes, con qué información y bajo qué protocolo se reanudó la circulación: las incógnitas del accidente ferroviario de Urda que busca resolver la jueza

La investigación judicial del accidente ferroviario de Urda ha comenzado por reconstruir las decisiones que se tomaron en el centro de control de Adif en Atocha durante los minutos que precedieron a la colisión. La jueza que dirige las diligencias, Aristea Afroditi Ortiz, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), ha ordenado recabar los registros de circulación de los trenes afectados, identificar a los responsables que estaban al frente del mando y reunir los protocolos que debían regir la actuación ante la incidencia que alteró el tráfico ferroviario.

La primera línea de investigación conduce así hasta quienes tenían encomendada la regulación de la circulación y las instrucciones que transmitieron cuando el sistema de seguridad LZB dejó de funcionar con normalidad. La documentación requerida a Adif deberá permitir contrastar las comunicaciones entre el puesto de mando y los trenes con los datos registrados sobre sus movimientos, las órdenes impartidas y los procedimientos aplicables en una situación de funcionamiento degradado. De esa reconstrucción dependerá, en buena medida, que los investigadores puedan establecer qué información manejaban los responsables de la circulación y en qué condiciones se autorizó la reanudación de la marcha.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que desde el centro de control se había autorizado al AVE de Renfe a continuar la marcha después de la incidencia, pese a que el Iryo que circulaba por delante seguía ocupando la vía. El propio ministro calificó de “inexplicable” esa decisión, aunque la explicación definitiva de lo ocurrido y la eventual existencia de responsabilidades corresponden a las investigaciones abiertas.

Las comunicaciones y los registros, bajo examen

La instructora ha oficiado a la Policía Judicial para que acuda al centro de control de Atocha y recabe los datos relativos a la circulación en la zona del accidente, así como un informe de la comisión de investigación de Adif que identifique a las personas encargadas del control de mando en el momento del siniestro. En otra resolución, ha solicitado a la Policía Judicial de Toledo que obtenga de la compañía los protocolos de actuación correspondientes a los minutos anteriores, simultáneos y posteriores al accidente.

La documentación deberá servir para reconstruir no solo qué órdenes se transmitieron, sino también el marco en el que se adoptaron. La investigación tendrá que comprobar qué procedimiento estaba previsto para responder al fallo del LZB, qué instrucciones recibieron los maquinistas y cómo evolucionó la incidencia hasta desembocar en la colisión. La secuencia tendrá que establecerse a partir de los registros y de las declaraciones, sin que las hipótesis que circulan sobre el origen del accidente puedan sustituir el análisis de las pruebas.

En paralelo, la jueza ha ordenado la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren, con vistas a su posterior análisis. A sus datos se sumarán los elementos que puedan recuperarse en la vía, cuyo examen resulta necesario para completar la reconstrucción de los movimientos y las circunstancias del impacto.

La preservación del escenario ha llevado a la instructora a prohibir el acceso de personas ajenas a un perímetro de dos kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en ambos sentidos, así como la retirada de cualquier elemento y la toma y difusión de imágenes de la zona afectada. La restricción deja el acceso reservado a las fuerzas de seguridad, los equipos de salvamento y sanitarios y el personal judicial, con el propósito de evitar que se alteren los vestigios antes de que puedan ser examinados.

Una investigación judicial y otra técnica

Las primeras actuaciones se desarrollan en paralelo al trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que debe esclarecer las causas técnicas del siniestro y formular, en su caso, recomendaciones para evitar que se repita. Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la CIAF ya han interrogado al operario del centro de control de Adif que regulaba el tráfico en el momento del accidente, una actuación que forma parte de las pesquisas técnicas y que no debe confundirse con las diligencias judiciales.

La causa judicial, que permanece bajo secreto de sumario, cuenta con un dispositivo extraordinario de apoyo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha activado el protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica para sucesos con víctimas múltiples, con la intervención del Instituto de Medicina Legal de Toledo y el apoyo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid en las tareas de identificación, recogida de muestras biológicas y análisis genéticos. La organización judicial se ha reforzado asimismo para atender las diligencias, los levantamientos de cadáveres y las necesidades de coordinación derivadas de la emergencia.

El accidente, que dejó 68 muertos, ha abierto también una disputa sobre la eventual responsabilidad penal de quienes participaron en la gestión de la circulación y de los sistemas ferroviarios. Vox ha presentado una querella contra responsables por determinar de Adif, en particular contra los operadores del puesto de mando de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha, sus superiores y quienes tuvieran atribuidas funciones sobre los procedimientos de operación degradada y la seguridad. La formación plantea posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes y solicita, entre otras diligencias, la identificación de los trabajadores que estaban de servicio y la conservación de las grabaciones y registros.

Manos Limpias ha presentado, por su parte, una denuncia contra Adif, Renfe e Iryo, además de contra las personas que pudieran resultar responsables de la gestión, supervisión o mantenimiento del material y de la infraestructura. Las iniciativas de ambas acusaciones deberán seguir su propio recorrido procesal y no suponen, por sí mismas, que exista una atribución judicial de responsabilidad.