Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

México, al contrario que España, cuenta con un modelo de pensiones mixto que combina prestaciones de reparto, cuentas individuales de ahorro y complementos financiados por el Estado. Desde julio de 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar permite elevar determinadas prestaciones hasta el 100% del salario medio del último año trabajado, aunque con un máximo fijado para 2026 en 17.885,85 pesos mensuales, unos 862 euros.

La cuantía que recibe cada jubilado depende de varios factores, entre ellos la fecha en que comenzó a cotizar, el número de semanas acumuladas y el salario percibido durante su vida laboral. Por eso, dos personas que se retiren a la misma edad pueden acceder a prestaciones muy diferentes. La edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 65 años, aunque existen vías para dejar de trabajar antes bajo determinadas condiciones.

El modelo se organiza en cuatro niveles: una pensión no contributiva para las personas mayores, el seguro social para los trabajadores del sector privado, un complemento público para determinadas jubilaciones y los planes de pensiones promovidos voluntariamente por las empresas. La combinación busca ofrecer una protección básica y mejorar los ingresos durante la vejez, pero el resultado final depende de la trayectoria laboral de cada persona, señalan expertos en pensiones de BBVA.

El sistema de pensiones mexicano es diferente al de España que posee un modelo de reparto puro con fuerte protección a las rentas bajas.

Dos regímenes según cuándo se empezó a cotizar

La fecha clave para calcular la pensión contributiva es el 1 de julio de 1997. Quienes comenzaron a cotizar antes de ese día están sujetos a la llamada Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), basada en un sistema de reparto y una prestación definida. Para acceder a ella se necesitan, como mínimo, 500 semanas cotizadas —casi diez años— y haber cumplido 60 años para la jubilación por cesantía en edad avanzada o 65 para la pensión de vejez.

Mientras que en España se exigen al menos 15 años cotizados para tener derecho a pensión contributiva, de los cuales dos deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación. Además, para alcanzar el 100% de la base reguladora se requieren 36 años y 6 meses en 2026, cifra que subirá a 37 años en 2027.

En cuanto a la cotización, España fija en 2026 una base máxima de 5.101,20 euros mensuales (61.214,4 anuales). Se actualiza anualmente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC)+1,2 puntos porcentuales. Los salarios que superen ese tope solo cotizan hasta el mismo.

En el modelo mexicano, el cálculo de la pensión parte del salario medio de las últimas 250 semanas cotizadas, equivalentes a casi cinco años. A esa base se aplica una cuantía inicial, que puede aumentar en función del tiempo cotizado por encima del mínimo exigido. La pensión mínima garantizada asciende en 2026 a 10.636,54 pesos mensuales, alrededor de 513 euros.

Adelantar el retiro tiene un coste. Una persona que se jubile a los 60 años percibe el 75% de la pensión que le correspondería a los 65, a los 61 recibe el 80%, a los 62 el 85%, a los 63 el 90% y a los 64 el 95%. Solo al alcanzar los 65 años se aplica el 100%.

Además, quienes ya no trabajan pueden recurrir a la denominada Modalidad 40 para seguir cotizando voluntariamente y mejorar su promedio salarial a efectos de pensión, aunque desde el 22 de octubre de 2026 se aplican condiciones más restrictivas.

Las cuentas individuales determinan la pensión de los más jóvenes

Para quienes comenzaron a cotizar en México a partir del 1 de julio de 1997, la Ley 97 establece un sistema de capitalización individual. En este caso, el importe final depende del dinero acumulado en la cuenta personal, las aportaciones realizadas, los rendimientos obtenidos y las comisiones cobradas por las administradoras de fondos para el retiro, conocidas como Afores.

En 2026, los trabajadores que accedan a esta modalidad deben acreditar 875 semanas cotizadas y tener 60 años en caso de cesantía laboral o 65 para la pensión de vejez. El requisito de cotización aumenta progresivamente: partió de 750 semanas en 2021 y crecerá en 25 semanas cada año hasta alcanzar las 1.000 en 2031.

Una vez llega la jubilación, el ahorro puede transformarse en una renta vitalicia contratada con una aseguradora o en retiros programados gestionados por las Afores -gestoras de las cuentas individuales de retiro- que distribuyen el saldo de acuerdo con la esperanza de vida prevista.

Si el capital acumulado no alcanza el mínimo necesario, el Estado garantiza una prestación cuyo importe depende de la edad, las semanas cotizadas y el salario medio. En 2026, esas cuantías oscilan entre 3.540,56 y 11.128,01 pesos al mes, unos 171 y 536 euros, respectivamente.

El Estado refuerza las pensiones, pero no todas por igual

El complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar es uno de los elementos que explica la elevada tasa de sustitución mexicana. El mecanismo permite completar las pensiones de cuentas individuales hasta el 100% del salario medio del último año, con el límite mensual establecido. La referencia máxima se actualiza cada enero y, en 2026, se sitúa en 17.885,85 pesos.

A esa protección se suma la Pensión Bienestar, una ayuda no contributiva financiada con impuestos para las personas de 65 años o más. En 2026 paga 6.400 pesos cada dos meses, equivalentes a unos 154 euros mensuales. La ayuda se amplía progresivamente a mujeres de entre 60 y 64 años, que reciben 3.100 pesos bimestrales.

Los datos de la OCDE reflejan el efecto de estas medidas. Según el informe Pensions at a Glance 2025, una persona con salario medio y una carrera laboral completa entre los 22 y los 65 años obtiene en México una tasa de sustitución neta del 79,6%, frente al 63,2% de media de la organización. Para quienes cobran la mitad del salario medio, la tasa alcanza el 131,9%; para quienes ganan el doble, baja al 56,9%.

España también mantiene una de las tasas de sustitución más elevadas, lo que significa que la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión es mucho menor que en otros países. La tasa de sustitución alcanza el 80,4%, según datos de la OCDE.

Los planes de empresa siguen siendo voluntarios

México también cuenta con planes de pensiones de empleo que complementan las prestaciones públicas, aunque no son obligatorios. Cada empresa puede establecer sus propias condiciones, incluidos los requisitos de antigüedad, la edad de jubilación y las aportaciones. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en 2025 había 3.222 planes de este tipo en 2.938 empresas, con 1,9 millones de trabajadores activos y 86.322 pensionistas beneficiarios.

Pese a las tasas de sustitución registradas, el sistema mantiene importantes diferencias entre trabajadores. El complemento público mejora especialmente las pensiones de quienes perciben salarios bajos, mientras que el límite establecido reduce su efecto relativo en las rentas más altas. Además, la cuantía final depende de las cotizaciones acumuladas y de las condiciones de acceso a cada régimen, señalan expertos en pensiones de BBVA.

El desafío consiste en garantizar ingresos suficientes durante la jubilación sin dejar fuera a quienes han desarrollado buena parte de su vida laboral en la economía informal o no han podido cotizar lo suficiente. En un sistema que combina un sistema de reparto y ahorro individual, la carrera laboral sigue siendo decisiva para determinar cuánto dinero llega cada mes al bolsillo del pensionista.