Dos años después de la DANA, la Justicia aún busca respuestas sobre la gestión de la tragedia: el Es-Alert, los dos investigados y las incógnitas sobre Mazón

La tarde del 29 de octubre de 2024, mientras el agua anegaba municipios enteros de Valencia, las autoridades autonómicas trataban de coordinar una respuesta a una emergencia que desbordaba los medios disponibles. El mensaje masivo que debía advertir a la población de la gravedad de la situación no llegó a los teléfonos móviles hasta las 20.11 horas. Para entonces, el barranco del Poyo ya se había desbordado y la riada había convertido calles, garajes y plantas bajas en trampas mortales.

Dos años después, aquella secuencia de decisiones continúa bajo investigación judicial. La causa abierta en Catarroja no ha determinado todavía las responsabilidades penales por la gestión de la emergencia que dejó 233 muertos. La jueza Nuria Ruiz Tobarra trata de reconstruir qué sabían los responsables autonómicos, cuándo lo supieron y qué hicieron con esa información. En el centro de las pesquisas están la demora del Es-Alert, las decisiones adoptadas durante la reunión del Cecopi y las comunicaciones que mantuvieron los integrantes del Gobierno valenciano en las horas críticas.

La investigación tiene dos protagonistas procesales: Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, su número dos en el área de Emergencias. Ambos están investigados por su actuación durante la catástrofe. Carlos Mazón, que presidía la Generalitat aquella jornada, quedó fuera de la causa principal después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara la petición de la instructora para investigarlo. La magistrada, sin embargo, continúa recabando pruebas y ha conseguido que la reconstrucción de aquella tarde avance por una vía que ya no depende únicamente de las versiones ofrecidas por los responsables políticos.

Reconstruir una tarde decisiva

La instrucción comenzó con una pregunta aparentemente sencilla, pero de enorme complejidad jurídica: si las autoridades responsables de gestionar la emergencia podían haber adoptado medidas que evitaran algunas de las muertes. Para responderla, la jueza debía reconstruir la sucesión de acontecimientos y determinar qué información llegó a cada responsable, qué competencias tenía y cuánto margen de actuación conservaba cuando la situación empeoró.

La investigación se ha centrado en buena medida en el funcionamiento del Cecopi, el centro de coordinación que reunió a los responsables de las distintas administraciones durante la emergencia. La hora de su constitución, las propuestas que se debatieron y la redacción del mensaje de alerta se convirtieron en piezas fundamentales para establecer cómo se respondió al riesgo.

Uno de los hallazgos relevantes llegó en diciembre de 2025, cuando la jueza obtuvo el primer borrador del Es-Alert que se había descartado aquella tarde. A diferencia del mensaje que finalmente se envió, aquel texto incluía una orden de confinamiento de la población. La alerta definitiva, remitida a las 20.11 horas, se limitó a recomendar que se evitaran los desplazamientos.

La diferencia entre ambos mensajes dio una nueva dimensión a la investigación. Ya no se trataba únicamente de explicar por qué la alerta había llegado cuando las inundaciones estaban en marcha, sino también de esclarecer por qué se descartó una formulación que contemplaba una medida de protección más restrictiva. La instructora ha examinado la intervención de Pradas en la elaboración del aviso y las decisiones tomadas durante la reunión de coordinación.

Las advertencias previas y las comunicaciones del entorno de Mazón

A medida que avanzaron las pesquisas, la reconstrucción dejó de limitarse a las horas del Cecopi y se extendió a los días anteriores a la catástrofe. La investigación trata de esclarecer qué advertencias habían recibido las administraciones y si la información disponible permitía anticipar la magnitud del temporal.

El 19 de octubre de 2026, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, declaró ante la jueza que el 112 había enviado al Ayuntamiento avisos sobre el riesgo meteorológico los días 25 y 28 de octubre de 2024. Según su testimonio, el municipio había activado su plan local de inundaciones antes de la jornada de la tragedia. La declaración aporta un nuevo elemento para contrastar las advertencias recibidas por las autoridades locales con la información que manejaban los responsables autonómicos.

La cuestión es especialmente relevante porque la Generalitat y los dos exaltos cargos investigados han sostenido que la falta de información procedente de organismos estatales dificultó la respuesta. La instrucción, sin embargo, ha incorporado distintas comunicaciones que permiten examinar qué avisos circularon y qué decisiones se tomaron a partir de ellos. El testimonio de Silvent obliga a precisar qué información se transmitió, a quién llegó y si resultaba suficiente para adoptar medidas adicionales.

Otro de los frentes de la causa son los mensajes intercambiados entre Pradas y José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete de Mazón. Entre ellos figura una comunicación en la que Cuenca escribió a la exconsellera: “Salo, de confinar nada”. El mensaje se produjo mientras se debatían las medidas que debían adoptarse para proteger a la población. Cuenca ha defendido que sus comentarios no constituían órdenes vinculantes, mientras que la investigación trata de aclarar su contexto y el posible alcance de las indicaciones transmitidas desde Presidencia.

Las comunicaciones de Cuenca siguen siendo una de las incógnitas que la jueza quiere despejar. La magistrada ha mantenido las gestiones para intentar recuperar los mensajes de WhatsApp del día de la riada, una información que podría ayudar a completar la secuencia de contactos entre el entorno del presidente y los responsables de Emergencias. La obtención de esos datos no está garantizada, pero la instructora considera que todavía existen vías que merece la pena agotar.

La jueza aprecia indicios de que algunas muertes podrían haberse evitado

La evolución de la instrucción ha llevado a la magistrada a formular conclusiones cada vez más concretas sobre la actuación de los responsables de Emergencias. En un auto del 14 de octubre de 2026, la jueza sostuvo que existían claros indicios de que algunos fallecimientos en la pedanía valenciana de La Torre podrían haberse evitado si Pradas y Argüeso hubieran ejercido sus funciones. La resolución puso el foco en los errores relacionados con el conocimiento de sus competencias y con la elaboración del Es-Alert.

La magistrada debe examinar las circunstancias de cada fallecimiento y establecer si existe una relación causal entre las decisiones investigadas y el resultado. En una causa de esta naturaleza, la gravedad de la tragedia no sustituye la obligación de probar los elementos de cada posible delito. El análisis judicial debe precisar qué podía hacer cada responsable, qué omitió y qué consecuencias tuvo esa conducta.

El intento de investigar a Mazón y la decisión del TSJCV

La investigación llegó hasta Carlos Mazón el 24 de febrero de 2026, cuando la jueza elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que valorase investigarlo por su actuación durante la DANA. La magistrada consideró que existían indicios de una posible negligencia en la gestión y coordinación de la emergencia y puso el foco en las comunicaciones mantenidas por su entonces jefe de gabinete con Pradas, así como en la ausencia del presidente de los centros de decisión durante las horas críticas. Mazón conservaba su condición de diputado autonómico y, por tanto, estaba aforado ante el tribunal superior valenciano. Era ese órgano, y no el juzgado de Catarroja, el competente para decidir si los indicios expuestos justificaban abrir una investigación contra él.

El TSJCV rechazó por unanimidad asumir la causa el 16 de marzo y mantuvo su decisión el 27 de abril. Los magistrados entendieron que los hechos descritos por la instructora no proporcionaban un fundamento sólido y objetivo para atribuir al expresidente un delito. También consideraron que su cargo no lo convertía automáticamente en garante penal de la seguridad de los ciudadanos y que no había indicios suficientemente sólidos de su participación directa en la decisión de enviar el Es-Alert.

Una causa que seguirá abierta en 2027

El 14 de septiembre, la jueza acordó prorrogar la instrucción seis meses más a partir del 30 de octubre de 2026, con el apoyo de la Fiscalía. La magistrada justificó la decisión por la complejidad de la causa, la gravedad de los hechos y la necesidad de practicar nuevas diligencias. Quedan declaraciones de perjudicados y testigos, informes médico-forenses y gestiones para intentar recuperar las comunicaciones de Cuenca.

La prórroga sitúa el siguiente horizonte procesal en abril de 2027, aunque no significa que la investigación vaya a concluir necesariamente en esa fecha. La jueza deberá valorar las pruebas pendientes y decidir si procede cerrar la instrucción, acordar nuevas diligencias o avanzar hacia la siguiente fase del procedimiento.

Dos años después de la DANA, la investigación ha permitido reconstruir parte de la cadena de decisiones que precedió al envío del Es-Alert, incorporar testimonios sobre las advertencias previas y examinar las comunicaciones entre los responsables autonómicos. También ha delimitado las posiciones judiciales sobre Pradas, Argüeso y Mazón, aunque sus situaciones procesales son distintas. Lo que todavía no ha establecido es una conclusión definitiva sobre quién debe responder penalmente por la gestión de la emergencia.