El futuro judicial de Mazón inquieta al PP: su salida de Les Corts tras las elecciones autonómicas de 2027 puede devolverlo al juzgado de la DANA

Carlos Mazón sigue ocupando un escaño en Les Corts Valencianes, aunque hace casi un año que dejó de presidir la Generalitat. Es una presencia discreta en el Parlamento autonómico, pero con una trascendencia que va más allá de la política. Mientras conserve su condición de diputado, el expresidente permanece aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Un privilegio procesal que determina qué tribunal puede investigarlo y que, a medida que se aproximan las próximas elecciones autonómicas, amenaza con convertirse en una de las principales incógnitas de su futuro.

El calendario electoral y el judicial empiezan a cruzarse. El Partido Popular debe decidir cómo afronta las elecciones autonómicas de 2027, con una dirección renovada en Valencia y una etapa política que aspira a dejar atrás la gestión de la DANA. Mazón, mientras tanto, se enfrenta a una pregunta que todavía no tiene respuesta: qué lugar le reserva su partido y qué ocurrirá con su situación judicial si deja de ser diputado.

Según adelanta El Independiente, el PP no prevé incluir a Carlos Mazón en sus listas para las elecciones autonómicas de 2027, una decisión que podría marcar el final de su etapa en Les Corts Valencianes y abrir un nuevo escenario en torno a su aforamiento. El diario apunta, no obstante, a la posibilidad de que el partido mantenga al expresidente en la Diputación Permanente para prolongar su condición de diputado hasta la constitución de las nuevas Cortes.

Mazón dimitió como presidente de la Generalitat en noviembre de 2025, después de que su gestión de la catástrofe, las explicaciones sobre aquella jornada y la presión de las víctimas erosionaran su posición política. Su salida abrió una nueva etapa en el PP valenciano, que quedó bajo una gestora presidida por Juanfran Pérez Llorca. La sucesión permitió al partido sostener el Consell, pero no borró el coste político de la tragedia.

Ahora, con las próximas listas en el horizonte, el expresidente ocupa un espacio cada vez más difícil de encajar. Su presencia podría reabrir el debate sobre las responsabilidades políticas de la emergencia en plena campaña electoral. Pero su eventual exclusión tampoco resuelve por sí sola qué hacer con un dirigente que conserva un acta parlamentaria y cuya situación judicial sigue bajo escrutinio.

La posibilidad de que el PP aparte a Mazón de la primera línea no implica necesariamente que vaya a desaparecer de la política. Una eventual recolocación en el Senado, en otra responsabilidad institucional o en un puesto orgánico permitiría al partido alejarlo de la contienda valenciana sin exigirle una retirada completa. Por ahora, sin embargo, no hay una decisión acreditada sobre un destino alternativo. Tampoco está demostrado que exista una negociación para ofrecerle un escaño en la Cámara Alta. Su futuro puede depender tanto de la estrategia de Génova como de la voluntad del propio Mazón, cuya continuidad en las listas y sus aspiraciones no deben darse por resueltas sin una confirmación expresa.

El escaño que lo mantiene fuera de Catarroja

La relevancia judicial de esa decisión se entiende al retroceder al origen de la causa. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la investigación sobre la gestión de la DANA en Catarroja, elevó el 24 de febrero de 2026 una exposición razonada al TSJCV al apreciar indicios de una posible responsabilidad penal de Mazón.

La magistrada apuntó a una “absoluta negligencia” en la gestión y coordinación de la emergencia y a un posible nexo causal entre esa actuación y las muertes producidas por la falta de avisos. Entre los elementos que examinó figuraban las comunicaciones de José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete de Mazón, con la exconsellera Salomé Pradas durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó por unanimidad, el 16 de marzo, asumir la investigación. Consideró que la exposición razonada no contenía un fundamento sólido y objetivo para atribuirle un delito y que no se habían acreditado indicios suficientemente consistentes sobre una eventual intervención del expresidente en el envío de la alerta Es-Alert. Los magistrados también descartaron que su conducta pudiera encajar, con los elementos aportados, en un homicidio imprudente por comisión por omisión. La resolución subrayó que la responsabilidad penal no podía derivarse únicamente del cargo que ocupaba ni de una valoración política o moral de su comportamiento.

El rechazo no supuso el cierre de la causa de Catarroja, que continuó respecto de otros investigados. Tampoco convierte en inevitable una futura imputación de Mazón. La eventual aparición de nuevas pruebas podría alterar el escenario, pero el pronunciamiento del TSJCV constituye un precedente que cualquier nueva actuación deberá tener en cuenta.

Qué cambiaría si pierde el aforamiento

El aforamiento no es una protección frente a cualquier investigación, sino una regla que determina el órgano judicial competente. El artículo 23 del Estatuto de Autonomía atribuye al TSJCV la competencia sobre la responsabilidad penal de los diputados autonómicos en los términos previstos legalmente. Si Mazón deja de ser parlamentario y no conserva otro título de aforamiento, la eventual causa correspondería, en principio, a los tribunales ordinarios competentes.

Eso abriría la posibilidad de que la jueza de Catarroja volviera a intervenir, pero no implicaría que pudiera imputarlo automáticamente. La pérdida del escaño no aporta indicios nuevos ni elimina los argumentos jurídicos con los que el TSJCV rechazó investigarlo. La eventual reapertura de esa vía dependería de las pruebas disponibles, del alcance de la resolución anterior y de las reglas procesales aplicables.

El calendario añade otra incógnita. La disolución de Les Corts prevista para las elecciones de 2027 podría situar el momento decisivo antes incluso de la votación. El mandato parlamentario y el régimen de prerrogativas no deben confundirse, sin embargo, con la mera convocatoria electoral. El Estatuto y el Reglamento de la Cámara regulan la finalización del mandato y el funcionamiento de la Diputación Permanente, cuyo papel resulta determinante para interpretar el escenario.

Según la información de El Independiente, el PP contempla la posibilidad de mantener a Mazón en ese órgano hasta la constitución de las nuevas Corts, lo que prolongaría su aforamiento. La viabilidad de esa fórmula dependerá de las reglas de composición y designación y de la situación efectiva de su escaño. No es, por ahora, una garantía de continuidad ni una decisión formalmente adoptada.

Una cuenta atrás que no resuelve la causa

La instrucción de la DANA, prorrogada hasta abril de 2027, coincide ya con el tramo previo a las elecciones. La jueza mantiene abiertas diligencias y sigue reconstruyendo las decisiones adoptadas durante una emergencia que dejó 230 víctimas mortales. El proceso judicial y la disputa política avanzan así sobre calendarios distintos, pero cada vez más próximos.

Para el PP, la incógnita es cómo cerrar la etapa de Mazón sin reabrir las heridas de la catástrofe en plena campaña. Para el expresidente, la cuestión es si conservará un lugar en la política valenciana o si su salida de Les Corts terminará por modificar también el escenario judicial.

Dos años después de la DANA, su escaño sigue siendo mucho más que una posición parlamentaria. Es el vínculo que mantiene a Mazón dentro de una institución de la que ya salió su principal responsable político y, al mismo tiempo, la pieza que puede determinar dónde se dirime una eventual investigación penal.