La perito del colegio British Council reconoce que el acoso que recibió una alumna en el centro “desencadenó” la anorexia nerviosa que sufre

Un juzgado de Pozuelo finaliza el juicio contra el elistista centro educativo, que ha vendido las instalaciones. Los padres reclaman 35.500 euros como indemnización ya que un error judicial archivó la causa penal

Mónica, ya de 16 años, exalumna del British Council
Mónica, ya de 16 años, exalumna del British Council
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Han sido muchos años de batalla judicial. Pero este lunes 26 de octubre por fin se celebró la vista definitiva para determinar si una ex alumna del British Council, uno de los colegios más elitistas de Madrid, sufrió acoso dentro del centro y esta situación de estrés le provocó el desarrollo de un trastorno de la alimentación, en concreto una anorexia nerviosa. Lo más llamativo de la sesión celebrada este lunes en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón es que la perito que aportó el centro educativo reconoció que ese acoso “desencadenó” esta enfermedad en la joven. Su familia demandó a la Fundación British Council y a cuatro de sus profesores por acoso contra la menor.

La familia reclama una indemnización por daños y perjuicios de 35.489 euros contra la institución y los cuatro profesores. Durante el juicio han declarado varios testigos, dos peritos (entre ellos el prestigioso psiquiatra Jóse Cabrera) y todo un ejército de abogados. De hecho, el British Council, que vendió su centro de Pozuelo a Inspired Education Group, contrató a diez abogados para que defiendan sus intereses. La familia de la joven tuvo que acudir a la vía civil después después de que a un juez de lo penal se le pasara el plazo de un año para instruir la querella criminal que los padres pusieron contra el centro y sus profesores por los presuntos delitos de acoso y lesiones. El juicio fue suspendido cuatro veces por la huelga que hubo de secretarios judiciales. Y después se pasó inexplicablemente el periodo de instrucción, que es de un año, y se tuvo que archivar.

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Lo que piden ahora los padres es lo que jurídicamente se conoce como culpa extracontractual (una relación de causalidad entre esa acción y el daño). Por un lado, la familia establece el perjuicio por el daño físico osteomuscular y sufrimiento psicológico derivado de la anorexia nerviosa (padecida a raíz de la situación vivida con los codemandados) en la cantidad de 22.575,25 euros. Por otro, al padecer la menor un trastorno adaptativo persistente o crónico, que debe ser considerado como secuela, la valoración atribuida asciende a 12.913,77 euros.

La familia de una niña de 13 años, estudiante del British Council de Pozuelo, denunció ante el centro, la Consejería de Educación y la Policía Nacional la campaña de acoso que sufrió (Infobae)
La familia de una niña de 13 años, estudiante del British Council de Pozuelo, denunció ante el centro, la Consejería de Educación y la Policía Nacional la campaña de acoso que sufrió (Infobae)

La perito aportada por el centro educativo, una psicóloga, declaró textualmente este lunes que el supuesto acoso sufrido por la alumna “desencadenó” la anorexia nerviosa. Esta perito destacó que ella no es médico ni psiquiatra, pero que basó su evaluación en los informes que a su vez realizaron dos psiquiatras de un hospital de Quirón, pero que nunca examinó a la menor ni que nunca tuvo una consulta con ella. El siguiente paso es que el tribunal dicte sentencia. Todo empezó en el curso escolar 2021/2023, cuando Mónica tenía 13 años. Una amiga de la joven, también estudiante del centro, empezó a recibir entonces mensajes acosadores por parte de dos compañeras de clase.

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Mensajes vejatorios

“Uso condón, porque si no, pregúntale a tus padres, sale una aberración como tú”; “tienes menos neuronas que una rata, rata de cloaca”; “lávate el coño, cada vez que pasas cerca de mí huele a pescado”, “vete a Inglaterra, que aquí nadie te quiere”; “eres una vergüenza para la raza humana”; “vete a Júpiter y muérete por el camino”... imposible reproducirlos todos. Los padres de esta chica llegaron a recopilar 405 mensajes vejatorios y lo pusieron en conocimiento de la dirección del centro e incluso pusieron una denuncia en la Policía Nacional. Al ver, bajo su punto de vista, que el British Council no tomaba medidas (se inició una investigación que concluyó en una semana) decidieron cambiar a su hija de centro educativo.

Mónica se quedó entonces sin una de sus mejores amigas. Pero decidió no quedarse de brazos cruzados y pidió explicaciones a sus profesores. Estos le pidieron que se olvidara del tema. La investigación interna había dictaminado que no había pasado nada grave con la chica que recibió tantos mensajes vejatorios, que se trataba simplemente de un caso puntual, no de un acoso continuado. “Lógicamente, tal proceder sorprendió a la menor [Mónica], que no alcanzaba a entender como ante unos hechos de semejante gravedad, la estrategia adoptada por el colegio era la pasividad, la desidia y una suerte de pacto de silencio a todas luces inadmisible”, reza la demanda que puso su familia, que asegura que antes las quejas de su hija el centro ideó una estrategia para que su hija, una alumna que empezaba a ser molesta, dejara el centro.

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La dirección empieza entonces a trasladar a los padres de Mónica que el comportamiento de su hija había empeorado, y puso como ejemplos que en una clase de educación física la menor “había pasado de forma inapropiada el balón a sus compañeras” (concretamente a las que estaban involucradas en el presunto caso de acoso escolar), o que Mónica “ha mirado mal a estas compañeras”, lo que podría ser objeto de sanciones mucho más graves por parte del British Council. Poco después, el centro comunicaba a los padres de Mónica que abría formalmente una investigación interna contra su hija por un presunto supuesto de acoso. ¿Qué había hecho Mónica?

Según la directora de Secundaria, Mónica “había llevado a cabo miradas de desprecio, había utilizado un vocabulario inapropiado con las dos alumnas que estuvieron involucradas en los hechos y las había acusado de ser ‘acosadoras’”. Como sanción, Mónica fue expulsada un día. El asunto no quedó aquí. El centro siguió señalando a la joven de haber tenido, de nuevo, “un comportamiento inadecuado con otras compañeras de clase al haberlas acusado de acoso escolar, haber utilizado gestos y actitudes de desprecio hacia ellas”, lo que constituía un comportamiento contrario al Código de Conducta de la institución.

Sanciones y expulsiones

La gota que colmó el vaso llegó en marzo y abril de 2022, cuando Mónica era sacada de sus clases, incluso en mitad de un examen de francés, para ser llevada a reuniones con oros profesores “con el fin de reiterarle que debía olvidar lo sucedido con su amiga. Todo ello, hasta en quince ocasiones”, señala la demanda. Mónica volvió a ser sancionada después con otra expulsión de cuatro días y el cambio de clase. La joven empezó entonces a tener secuelas físicas y psíquicas.

La familia ha aportado al juzgado un informe pericial del prestigioso psiquiatra Jóse Cabrera, que ha determinado que “la menor ha sufrido un acoso vertical por parte de algunos de sus profesores, que dicho acoso ha provocado una situación de estrés agudo que ha desembocado en un trastorno de anorexia nerviosa, y que esta ha acusado un grave trastorno musculo-esquelético del cual la paciente ha tardado en recuperarse parcialmente más de un año”. Cabrera ha declarado como testigo.

Una de las entradas del British Council de Pozuelo
Una de las entradas del British Council de Pozuelo

Además, debido al acoso, la menor “tiene como secuela un trastorno adaptativo persistente”. Los padres también han aportado los informes médicos del hospital que ha tratado a su hija. Al terminar el curso escolar en el verano de 2022, la familia de Mónica decidió que abandonara el British Council. La demanda civil no solo se dirige contra el centro educativo, sino contra la Directora de Secundaria, el Director de Primera y Secundaria, la Jefa de Estudios y la directora del colegio. El juicio se ha desarrollado, además, en una nueva etapa para el centro. En abril de 2025, el British Council anunció la venta del colegio a Inspired Education Group, un grupo internacional que gestiona centros privados. El cambio de propietario no altera las cuestiones que se discuten en el procedimiento.

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