Un trabajador de Correos de Vigo con discapacidad ha decidido demandar a la empresa pública por presunta discriminación laboral en los procesos de selección de personal. Según señala en su demanda, determinadas “condiciones y requisitos discriminatorios por razón de discapacidad” le llevaron a desistir en su postulación para puestos ofertados de trabajo.
El demandante reclama que se han vulnerado sus derechos fundamentales porque dichas condiciones le impidieron participar en el proceso de selección en igualdad de oportunidades. Por ese motivo, pide una indemnización de hasta 600.001 euros.
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El proceso judicial ha llegado a la Audiencia Nacional, que el pasado 28 de septiembre se declaró incompetente para juzgar la demanda del trabajador. Ahora será el Tribunal Supremo el encargado de determinar qué órgano judicial debe resolver el conflicto.
Una batalla judicial que comenzó en 2024
El caso se remonta a junio de 2024. El trabajador de Correos presentó una reclamación ante el Juzgado de lo Social n.º 4 de Vigo, que la rechazó. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia revocó dicha inadmisión y ordenó que el caso fuese examinado.
Tras estudiarlo, el juzgado de Vigo, en febrero de 2026, desestimó las pretensiones del trabajador. El caso se elevó de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que revirtió la sentencia porque consideró que el Juzgado de Vigo no tenía competencia para resolver el asunto y que debía hacerlo la Audiencia Nacional.
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Ahora, tras declararse incompetente en este caso, será el Tribunal Supremo el encargado de resolver el órgano que debe juzgar el conflicto entre el trabajador y la empresa de Correos.
El demandante pide una reclamación de hasta 600.001 euros
El hombre de Vigo pide que se declare la vulneración del artículo 14 de la Constitución española —el principio de igualdad y no discriminación— por la imposición de condiciones que, según el demandante, le impidieron participar en los procesos de selección de Correos.
Además, solicita que la empresa cese en esas prácticas, cumpla la cuota de reserva del 7 % para personas con discapacidad en sus convocatorias de empleo, elimine lo que describió como requisitos médicos ilegales y garantice los ajustes individuales que le permitan concursar con igualdad de condiciones.
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Por último, el demandante reclama una indemnización por daños morales, colaterales y lucro cesante, pues argumenta que, al no haber podido acceder a puestos de jornada completa, ha sufrido una pérdida económica acumulada. Reclama, por tanto, hasta 600.001 euros.
Un conflicto de competencia negativa
La competencia de la Audiencia Nacional en materia de derechos fundamentales exige que la demanda tenga naturaleza colectiva y que sus efectos se extiendan a más de una comunidad autónoma. Según el tribunal, ninguno de estos dos requisitos se cumple en este caso. Además, citando un auto del Tribunal Supremo, la Sala indica que “las demandas individuales en materia de derechos fundamentales son competencia de los Juzgados de lo Social”.
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Se produce entonces aquí un conflicto de competencia negativa porque la Audiencia Nacional rechaza tener competencia en este asunto y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya anuló la sentencia del juzgado de Vigo al entender que ese tribunal no era competente. Así, el caso ha quedado en suspenso hasta que el Tribunal Supremo pronuncie la última palabra.
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