Gobierno ve imposible separar entre nacionalizados por 'ley de nietos' y otros motivos antes de elecciones

El Gobierno considera "materialmente imposible" que antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se pueda diferenciar entre los nacionalizados por la 'ley de nietos' y quienes lo fueron por otros motivos, después de que el Tribunal Supremo paralizara de forma cautelar el voto y las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) salvo exilio acreditado.

Así ha respondido el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, al plazo de alegaciones abierto por el alto tribunal después del adelanto electoral y antes de resolver sobre el fondo del asunto, según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press y en el que insiste en reclamar al Supremo que revoque las medidas cautelares.

"O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA --pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna-- o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone", considera.

Y añade que "ya que no es posible discernir en el CERA" en los "breves plazos" que configura la ley electoral entre los inscritos que adquirieron la nacionalidad por la 'ley de nietos' y "aquellos que son españoles por otros motivos".

Los servicios jurídicos del Estado inciden en que, según la ley electoral, el censo correspondiente a este proceso es el cerrado a 1 de agosto de 2026 y explican que debe estar disponible el próximo 12 de octubre, siendo su publicación definitiva el 23 de octubre.

A ello agregan que "la necesaria observancia de las normas y trámites previstos en la ley para la celebración del proceso de elecciones generales que se ha convocado implican" que el "riesgo" de privación de un derecho fundamental como el voto "se convierta en sacrificio efectivo del derecho sufragio activo de las personas afectadas por las medidas cautelares adoptadas por el Supremo el pasado septiembre.

"Sacrificio que se confirma en la medida en que las normas legalmente previstas para la confección del censo electoral aplicable en este período electoral implican la formación de un censo anterior a la fecha de adopción de las medidas y, sobre todo, dejar sin efectividad alguna la medida de recuperación de los efectos electorales prevista en aquel auto ya que deviene de cumplimiento imposible", apostilla.

CONTRA VOX

Además, los servicios jurídicos acusan a Vox --uno de los recurrentes junto a Iustitia Europa-- de que su "verdadero propósito" al pedir que la suspensión cautelar alcance a estas generales es que "se elimine el derecho de voto de los españoles que proceden del exilio exterior en contra de la constante voluntad del legislador desde 2007".

"Lógicamente no puede imputarse a la Administración una aparente pasividad en la revisión de cientos de miles de expedientes tramitados durante cuatro años ante la pasividad previa de los hoy recurrentes para promover su impugnación o revisión", añade, en alusión a que la 'ley de nietos' funciona desde 2022.

Bajo su punto de vista, ante las "desorbitadas" peticiones de Vox e Iustitia Europa, los magistrados tienen "la necesidad de valorar, ponderar de forma proporcional, el sacrificio del derecho fundamental al sufragio activo que se está imponiendo, sin trámite de audiencia alguno, a 163.020 españoles reconocidos" como nuevos electores.

El Supremo acordó frenar de manera cautelar la 'ley de nietos' mientras analizaba el fondo de la cuestión, argumentando que lo hacía por la "transparencia" de las elecciones debido al aumento del censo y porque los intereses generales del Estado priman sobre el derecho al voto de las personas que hayan adquirido la nacionalidad a través de esa disposición de la Ley de Memoria Democrática que la concede a descendientes de exiliados.

Ante esa decisión, el Gobierno presentó recurso al considerar que "no existe ningún riesgo derivado del crecimiento del CERA" y que no puede alterar el resultado electoral "por pura matemática".

La Abogacía del Estado pidió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que deje sin efecto la suspensión y dé marcha atrás con las medidas adoptadas --cosa que también reclama con este escrito--, y advirtió de que hay consulados con dificultades para poder analizar todos los expedientes en plazo.

Con su nuevo escrito, recuerda su argumento de que la participación de los nacionalizados por esa vía "no tendría un impacto significativo en el resultado" electoral. "Pero en la ponderación de intereses, ante el riesgo del sacrifico inmediato de un derecho fundamental, lo que debe primar es el ejercicio del derecho a participar", reivindica.