Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales: “Hay un riesgo de impugnación general” tras el escrutinio

El partido Iustitia Europa ha presentado este viernes un escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicita la suspensión cautelar de la votación de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, mientras se garantiza el cumplimiento de un auto judicial que frenó el voto de parte de los nacionalizados por la ley de nietos y que el propio Estado admite no poder ejecutar a tiempo. La petición se enmarca en la causa judicial que la formación, liderada por Luis María Pardo, mantiene abierta ante el Alto Tribunal, al tiempo que también concurre como candidato por la circunscripción de Madrid.

El trasfondo del conflicto se remonta al 10 de septiembre, cuando el Supremo acuerda, a petición de Iustitia Europa y de Vox, suspender de forma cautelar los efectos electorales de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la ley de nietos sin acreditar el exilio de un familiar. Esta norma, incluida en la Ley de Memoria Democrática, permite solicitar la nacionalidad española a hijos y nietos de quienes tuvieron que exiliarse durante el franquismo. La medida judicial también frena nuevas inscripciones bajo esa disposición mientras se resuelve el fondo del recurso.

La Abogacía no puede cumplir a tiempo

El detonante de la nueva petición es un escrito que la Abogacía del Estado presenta este jueves ante el Supremo, en el que reconoce que no puede ejecutar las medidas cautelares acordadas el 10 de septiembre dentro de los plazos que marca el calendario electoral. En ese mismo documento, la Abogacía cifra en 163.020 electores los comprendidos en el censo cerrado a 1 de agosto que forman parte del universo analizado, es decir, personas cuyo derecho a votar en estas elecciones podría estar en entredicho.

Ese dato resulta clave porque la ley electoral establece que el censo vigente para una elección es el que queda cerrado el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria. Para los comicios del 29 de noviembre, ese censo se cierra el 1 de agosto, es decir, antes de que el Supremo dicte su auto del 10 de septiembre. Esa diferencia de fechas implica que el padrón que se usará en la votación podría incluir inscripciones cuyos efectos electorales están, en teoría, suspendidos por la resolución judicial.

Qué pide Iustitia Europa

El partido sostiene que la propia convocatoria electoral del 29 de noviembre cambia el escenario en el que el Supremo dictó sus medidas cautelares en septiembre, y que esa circunstancia obliga al tribunal a revisar cómo garantizar que la resolución se cumpla antes de que se abran las urnas.

“Tenemos una resolución cautelar vigente del Tribunal Supremo que afecta directamente a los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA. Y tenemos a la propia Abogacía del Estado diciendo al mismo Tribunal que existe una imposibilidad material de ejecutarla dentro del calendario electoral”, explica Pardo, presidente de Iustitia Europa. “Ante esa situación hemos pedido la suspensión de la votación del 29N durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento efectivo del auto”, añade.

Como alternativa, en caso de que el Supremo considere desproporcionada la paralización de los comicios, el partido incluye una petición subsidiaria: que la Sala ordene a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE) identificar de forma inmediata, mediante un sistema informático, a los 163.020 electores señalados por la Administración, de modo que sus votos queden marcados y rastreables para el recuento general y una eventual revisión posterior.

“Ese riesgo ya está encima de la mesa”

Iustitia Europa sostiene que es la primera formación en plantear este problema ante las instituciones, con una denuncia presentada el 28 de junio ante la Junta Electoral Central. Según el partido, a partir de esa iniciativa se suman otras organizaciones y formaciones políticas que no habían promovido actuaciones previas sobre la cuestión del censo exterior.

“Lo advertimos el 28 de junio. Hoy ese riesgo ya está encima de la mesa. La legitimidad democrática de nuestras instituciones nace de la voluntad popular, y esa voluntad exige un censo sometido a la ley y a las resoluciones judiciales”, afirma Pardo, quien responsabiliza al Gobierno de haber llevado la situación “a una situación límite”.

Reclamaciones contra el recuento

El partido advierte de un problema jurídico que, según su planteamiento, puede darse en dos sentidos opuestos. Si los electores cuyos efectos electorales están comprendidos en la suspensión cautelar llegan a votar, podrían abrirse reclamaciones contra el recuento y la proclamación de los ganadores por haberse contado votos afectados por una resolución judicial vigente. Pero si, ante la dificultad de identificarlos uno por uno, se impide votar a personas sin comprobar antes si están realmente alcanzadas por la medida, también podrían producirse reclamaciones por vulnerar su derecho al voto.

“El problema ya no es teórico. Las elecciones están convocadas y el calendario electoral está corriendo. Una resolución judicial que afecta a los efectos electorales tiene que poder cumplirse antes de que esos efectos se consumen. Después del escrutinio, el daño institucional y jurídico puede ser irreversible”, sostiene Pardo.

Datos de la Oficina del Censo Electoral muestran que el CERA alcanza 2.762.829 inscritos a 1 de septiembre, tras sumar 15.141 electores en un solo mes, de los cuales 9.755 provienen de América Latina. Sin embargo, esas altas de septiembre no afectan a la votación del 29 de noviembre, ya que el censo que se usará en esta elección es el cerrado un mes antes, el 1 de agosto, con 2.747.688 electores.

El Tribunal Supremo deberá resolver ahora tanto la petición principal de suspender la votación como la alternativa de marcar y rastrear el voto de los electores señalados, en un plazo que, según reconoce la propia Abogacía del Estado, resulta extremadamente ajustado frente al calendario electoral vigente.