
Hasta el verano de 2026, España se postulaba como el país en el que se instalaría la primera granja de pulpos del mundo, una industria que todavía no existe, pero que ya ha comenzado a despertar el interés de múltiples empresas a lo largo y ancho de todo el planeta. Y es que, mientras la demanda del mercado de este animal no para de crecer, sus poblaciones salvajes están en retroceso.
El proyecto de Nueva Pescanova se iba a construir en la isla de Gran Canaria. Finalmente, tras cinco años de protestas de la ciudadanía y las asociaciones, así como de rechazo por parte de los científicos, se dio el carpetazo final. La presión social contra esta instalación tuvo mucho que ver, pero también las dificultades que la empresa encontró para superar los condicionantes medioambientales que exige una industria de tal calibre.
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El abandono del proyecto fue recibido como un gran triunfo por las asociaciones que desde 2021 luchaban para evitar que la granja de pulpos de Gran Canaria saliese adelante, pero la lucha no ha terminado. “Sin duda, este archivo ha supuesto un importante avance para la protección de los pulpos y ha evidenciado las enormes dificultades éticas y científicas, así como los riesgos ambientales, sociales, para la salud pública y para la biodiversidad que supondría esta industria”, explica a Infobae la abogada María González Lacabex, vocal de la Junta Directiva de Intercids, Operadores Jurídicos por los Animales. “Sin embargo, el abandono de este proyecto no elimina el riesgo de que esta u otras empresas intenten desarrollar instalaciones similares en España”.
De hecho, “en cualquier momento, cualquier empresa puede plantear de nuevo un proyecto así” porque en nuestro país, por el momento, no existe una legislación “para prevenirlo y evitarlo”. La asociación integrada por profesionales del Derecho y la Justicia, cuyo objetivo es proteger jurídicamente a los animales, está trabajando para que esto cambie.
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Una proposición de ley para prohibir las granjas de pulpos
En 2025, Intercids elaboró una propuesta legislativa para prohibir de manera preventiva la producción industrial de pulpos en España. “Se trata de una actividad totalmente nueva, para la que no existe ninguna regulación específica y sobre la que ya sabemos que, de forma inevitable, conllevará consecuencias dañinas para estos animales, para el medioambiente y eventualmente para la salud humana”, explica Lacabex. “Teniendo en cuenta esos negativos impactos, por precaución debe prohibirse”.
En junio de ese mismo año, la proposición de ley elaborada por Intercids fue admitida a trámite y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. La abogada señala que la propuesta fue recibida “con amplio interés”, pues ya en un primer momento tres grupos manifestaron de forma expresa su apoyo y procedieron a registrarla en el Congreso de los Diputados: Sumar, ERC y Podemos.
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Desde entonces, la asociación jurídica espera su toma en consideración por el pleno, algo que todavía no se ha producido. Por ello, en este mes de septiembre instaron a los partidos políticos y al Gobierno de España a avanzar este proceso a través de la campaña ‘No aceptes pulpo como animal de macrogranja’.
“Esta actividad todavía no existe, no habría repercusiones económicas ni de otro tipo si se paraliza ahora”, explica Lacabex, especializada en Derecho del Medio Ambiente y Derecho de los Animales. “Es el momento oportuno”.
Mientras España espera, en otras partes del mundo esta oposición a la producción industrial del pulpo ya se ha concretado en leyes. La prohibición ha sido aprobada en California y en Washington, mientras que otros estados de Estados Unidos cuentan con propuestas tramitadas, como Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Oregón, Carolina del Norte o Hawái, así como en el Congreso Federal.
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“Además, existen iniciativas legislativas en Francia, Chile y México. Recientemente hemos conocido la presentación de otra propuesta en Colombia”. Y es que la preocupación y las reivindicaciones contra estas infraestructuras no se han limitado al territorio español. “No estamos ante un problema puntual o localizado, sino que realmente nos encontramos ante una problemática cuya gravedad ha suscitado preocupación y rechazo más allá de nuestras fronteras”. Porque un proyecto como el que no ha salido adelante en Gran Canaria podría hacerlo en otro lugar del mundo.
Una iniciativa experimental en Galicia
Desde Intercids explican a Infobae que, en estos momentos, no se tiene constancia de que haya nuevos proyectos empresariales con fines productivos en nuestro país, algo que no significa que no pudiese ocurrir dentro de no mucho tiempo, pues otras empresas se han mostrado interesadas en este tipo de explotación. Sin embargo, sí existen iniciativas experimentales.
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En 2025, el Grupo Profand, a través de su filial Octolarvae, recibió luz verde por parte de la Xunta de Galicia para instalar un criadero experimental de pulpo en Moaña, en la provincia de Pontevedra, durante un periodo de diez años prorrogables. El proyecto cuenta con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y se centra en la optimización de la fase larvaria del pulpo.

El promotor señala que se trata de un proyecto de investigación científica sin ánimo de producción ni comercialización. Sin embargo, dicha instalación fue recibida con reticencia y preocupación por diversas asociaciones dedicadas a la lucha por el bienestar animal, pues señalan que podría ser la puerta de entrada a las granjas de pulpos.
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“La iniciativa, presentada bajo el paraguas de la innovación científica, implica graves problemas a nivel medioambiental y de bienestar animal”, señaló la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) tras conocerse la autorización concedida por la Xunta de Galicia. “Este tipo de proyectos, de hecho, allanan el camino para la industrialización de la cría de pulpos, una práctica poco ética y con graves implicaciones ecológicas”.
Sufrimiento animal y riesgos medioambientales
La oposición a los proyectos de granjas de pulpos se ha movido fundamentalmente en dos líneas: la primera, la del sufrimiento animal; la segunda, la de la afectación medioambiental. Así mismo lo defiende Lacabex, que señala que la prohibición debe hacerse efectiva “por la crueldad que estas granjas supondrían para estos increíbles y únicos animales salvajes”, al igual que “por sus nocivos efectos sobre el ya deteriorado medioambiente”.
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Desde asociaciones como Compassion in World Farming denuncian que esta cría intensiva de pulpos en cautividad sería “cruel y probablemente provocaría estrés, agresividad e incluso canibalismo”, a lo que se suma el hecho de que “todavía no existe ningún método de sacrificio que garantice su bienestar y haya sido validado científicamente para aplicarse a gran escala”, por lo que estos animales serían abocados a “una muerte lenta y agonizante”.
“Es una aberración destruir a estos increíbles animales salvajes para convertirlos en seres encerrados y hacinados en fábricas donde el uso de químicos y antibióticos pone, además, en peligro la salud humana”, añaden desde Intercids.
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Junto a todo esto, este tipo de explotaciones supondrían una grave amenaza para el medioambiente por contaminación local, daños en los ecosistemas marinos o la enorme demanda de peces salvajes destinados a la fabricación de pienso para alimentar a los pulpos confinados. También posibles filtraciones de sustancias potencialmente peligrosas o el riesgo de escapes de pulpos de la granja al ecosistema, pudiendo generar interacciones negativas con la fauna local o la transmisión de enfermedades, según advierten desde estas asociaciones.

Es por todo ello por lo que desde Intercids luchan para que se apruebe de forma proactiva una prohibición legal expresa de estas infraestructuras, lo que permitiría “evitar los previsibles riesgos antes de que nuevos proyectos lleguen a materializarse”.
“El pulpo es un animal único, inteligente y con capacidades increíbles, que vive en solitario, libre en su medio natural. Sería una aberración sacarlo de su estado salvaje para criarlo en cautividad y hacinamiento”, explica Lacabex. “La noticia en Gran Canaria fue muy positiva, pero no podemos conformarnos con que una empresa renuncie a su proyecto. Lo realmente importante es evitar que cualquier otra pueda intentarlo en el futuro. Y, considerando que hasta ahora es una actividad inexistente, el momento de prohibirla es ahora”.
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