Seis años sin luz en la Cañada Real: “Esto también es una forma de expulsión. No hace falta que alguien llame a tu puerta para desalojarte”

La Cañada Real, situada a tan solo 14 kilómetros del centro de Madrid, cumple seis años sin luz este 2 de octubre. Son 2.191 días desde que la empresa Naturgy cortó el suministro eléctrico alegando conexiones ilegales por los cultivos de marihuana en la zona, por lo que miles de vecinos afrontan otro otoño más sin calefacción y los menores un nuevo curso estudiando bajo la luz de linternas y velas. Desde la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol advierten que ya no se trata de una incomodidad ni de una situación provisional, y que detrás de esa no hay solo días sin electricidad, sino “familias, personas mayores enfermas, mujeres cuidadoras y una comunidad entera que se niega a desaparecer”.

“Nuestra reivindicación siempre ha sido clara: Cañada se queda. Una vivienda no son solamente cuatro paredes, es donde crecen nuestros hijos, donde cuidamos a nuestros mayores, donde están nuestros vecinos, nuestros recuerdos y nuestra comunidad. Por eso hablar de vivienda digna no puede reducirse a ofrecer cualquier techo en cualquier otro lugar”, señala Houda Akrikez, presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol y madre de tres hijas menores de edad, que denuncia que mantener a una población privada de un suministro esencial durante seis años dificulta enormemente la permanencia en sus viviendas.

La falta de electricidad, explica la activista, es una vulneración sostenida de derechos básicos, porque tener luz significa poder calentarse, conservar alimentos y medicamentos, lavar ropa, cocinar o permitir que los menores estudien en condiciones. “Cuando quedarse significa resistir invierno tras invierno, cuando la vida cotidiana se convierte en una carrera de obstáculos y cuando marcharse aparece una y otra vez como la alternativa, tenemos derecho a denunciar que esas condiciones pueden acabar funcionando como una forma de expulsión. Porque no hace falta que alguien llame a tu puerta para que empiece un desalojo”, añade.

El 2 de octubre de 2020 Naturgy, la empresa distribuidora de la luz en esta zona, cortó el suministro eléctrico, alegando que existían numerosas conexiones ilegales para suministrar a edificaciones y actividades ilícitas como el cultivo de marihuana. Sin embargo, desde la asociación aseguran que “esa excusa no se sostiene”, porque de ser así, “ya se habría resuelto procesando a los responsables”.

Los cortes de luz en este barrio, que comenzó a construirse en 1978, también incumplen lo acordado en el Pacto Regional para la Cañada Real Galiana, que fue firmado en 2017 por todos los partidos políticos presentes en la Asamblea de Madrid.

“Pesan más los intereses económicos”

La asociación reclama responsabilidades al Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, al considerar que las competencias repartidas entre las distintas administraciones no eximen a ninguna de actuar. “Ninguna administración puede esconderse mientras una población permanece durante años sin un suministro esencial. No nos interesa convertir la Cañada en una pelea de partidos, no hablamos de derechas ni de izquierdas, sino de derechos humanos”, sostienen.

En ese contexto, las familias cuestionan las prioridades de las instituciones. Denuncian que el valor del suelo, los intereses económicos y los planes urbanísticos para el entorno pesan más que las necesidades de quienes ya residen en la zona. Recuerdan que el desarrollo del sureste de Madrid prevé la construcción de cinco nuevos barrios para cerca de medio millón de personas en terrenos próximos a la Cañada Real, una proximidad que, a su juicio, explica la voluntad de impulsar el desalojo, “no porque las viviendas proyectadas vayan a levantarse sobre el asentamiento, sino por el estigma que pesa sobre el barrio”.

La solidaridad no puede depender del código postal

La asociación apela a la solidaridad que ha despertado el caso de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años que fue desahuciada por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones y que, finalmente, debido a esa oleada de indignación, logró un acuerdo con la inmobiliaria para regresar a casa. Reclaman así que esa misma empatía se extienda a quienes viven en la Cañada Real, donde también hay familias que temen perder su hogar.

“La capacidad que tiene una sociedad para movilizarse cuando siente que alguien puede perder injustamente su hogar es una solidaridad necesaria que debe celebrarse, como hemos visto en el caso de Maricarmen. Pero también debería servirnos para hacernos una pregunta incómoda: ¿somos capaces de mirar con la misma humanidad a todas las personas? Porque en Cañada también hay familias que llevan años pidiendo ser escuchadas. La diferencia no puede estar en el barrio en el que viven, en su origen, en su apellido o en el color de su piel", añaden.

La asociación sostiene que el derecho a conservar una vivienda debe protegerse por igual, sin que el código postal determine quién merece acceso a un hogar digno.

Por todo ello, exigen el restablecimiento inmediato y estable de la electricidad, garantías para acceder a una vivienda digna y el respeto al arraigo de las familias. También reclama que los vecinos participen en las decisiones sobre el futuro de la Cañada Real y que todas las administraciones asuman sus responsabilidades.