Interior usa el convenio de limpieza viaria y alcantarillado para pagar a los trabajadores que destruyen marihuana: 27,5 euros la hora

Los datos son positivos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cada vez decomisan menos kilos de marihuana ya tratada lista para vender y menos plantaciones. En 2025 (últimos datos) se incautaron 35,4 toneladas de marihuana (un 16% menos que el año anterior) y 875.000 plantas (un 17,7% menos), una tendencia descendente en los últimos ejercicios en ambas estadísticas. Pero aunque se coge menos, hay que seguir destruyendo la droga que se coge a los narcos. Por eso, el Ministerio del Interior acaba de licitar un nuevo contrato para la “eliminación de marihuana y otros productos contaminados en investigaciones por tráfico de drogas en vertedero o planta de compostaje”.

Interior destina el mismo dinero que en el anterior contrato de 2024: 132.000 euros para que la empresa o empresas adjudicatarias puedan hacer este trabajo, dividido en dos lotes por razones geográficas: el lote 1 que incluye Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana (donde se decomisa el 50% de la droga) y el lote 2 para Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid (que suman otros 17% del total de droga). El contrato deja fuera Cataluña, en cuyo territorio se incauta otro 25% de marihuana. ¿Por qué el mismo precio si han pasado dos años?

Porque la droga a destruir es menos y porque el Ministerio del Interior sigue aplicando para este trabajo el precio por hora que el convenio colectivo aprobado del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado, paga para los empleos de peones o mozos. La Secretaría de Estado de Seguridad considera que el coste máximo que se pretende seguir pagando (27,5 euros por empleado y hora) es “adecuado” porque supera a lo que marca el convenio, ya que los trabajadores están en contacto “con material estupefaciente” y se trata de un producto insalubre en cuanto a la emanación de gases y olores. Con todos los costes añadidos de transportes y material, destruir una tonelada de marihuana cuesta 155 euros.

En 2024, por ejemplo, los dos lotes fueron asumidos por la firma PreZero España, división medioambiental del Grupo Schwarz que integra también, por ejemplo, a los supermercados Lidl. La misma compañía se ha presentado ahora a la licitación de este año. Interior quiere recalcar que “con el fin de reducir la oferta de drogas en el mercado ilegal, la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones ha destinado para el ejercicio 2026 la cantidad de 1.450.000 euros para sufragar gastos de apoyo logístico y material para el transporte y destrucción de drogas, precursores, plantaciones de marihuana y embarcaciones”.

Destrucción de plantaciones

El desmantelamiento de plantaciones de marihuana es uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad los agentes. “Este tipo de cultivos ilegales ha crecido de forma exponencial en los últimos años, tanto en plantaciones de exterior como indoor”, reconoce Interior, aunque los datos demuestran que cada vez se decomisan menos plantas. Hasta el año 2017, todas estas plantas incautadas se eliminaban en hornos, igual que otras drogas como el hachís o la cocaína, pero a partir de esa fecha las autoridades judiciales permiten, en ocasiones, el tratamiento en vertederos y, desde 2021, también la destrucción de plantaciones in situ. De hecho, el último gran contrato para destruir plantaciones se adjudicó en junio de 2024 por 395.000 euros.

El objeto de este nuevo contrato de 132.000 euros no se centra principalmente en las plantaciones, sino en los kilos de marihuana ya tratados (el resultado final que se vende en la calle), que hay que eliminar en vertederos o plantas de compostaje. También están incluidas plantaciones. “La finalidad del presente contrato es evitar que este tipo de estupefaciente se deposite en instalaciones oficiales, de tipo policial o dependiente de otros organismos, dados los problemas de índole contaminante que genera su almacenamiento, así como de seguridad durante su custodia”, señala la memoria justificativa del contrato.

No se establecen cantidades mínimas ni máximas para eliminar. A título orientativo, en el contrato anterior de 2024 se realizaron unos 50 servicios con un peso medio de 1.100 kilos, (siendo el mínimo peso de 60 kilos y el máximo de 15.000 kilos) para el lote 1. En el lote 2 se realizaron unos 10 servicios, con un precio medio de 2.200 kg (siendo el mínimo peso de 220 kilos y el máximo de 10.700 kilos). Salvo excepciones derivadas del estado de las mercancías, los transportes irán acompañados de una escolta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Vigilancia Aduanera. La duración de este contrato es de un año.