La vivienda en España pende de una mansión en Waterloo: Junts dinamita los decretos y obliga a Sánchez a reaccionar para evitar un mayor estallido social

El contrato de alquiler de casi cinco millones de personas se ha decidido desde una mansión en Waterloo. Los decretos de vivienda que se votan este viernes en el Congreso de los Diputados no saldrán adelante. Junts ha acordado rechazarlos al considerar que son un “parche” incapaz de resolver las causas de fondo y que puede reducir el mercado y elevar los precios. Podemos, PNV y Coalición Canaria habían anunciado que facilitarían al menos uno de los textos, en el que se incluía el veto a la compra de inmuebles por fondos buitre y prorrogaba hasta 2030 la prohibición de desahucios a personas vulnerables. Sánchez ahora está obligado a reaccionar para evitar un mayor estallido social, pero tiene pocas posibilidades. Una de ellas, el adelanto electoral.

La decisión se ha conocido tras una reunión telemática de la ejecutiva convocada de urgencia por el secretario general Jordi Turull. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, había anticipado la disposición del partido a asumir el coste político: “No tenemos miedo de quemarnos para continuar defendiendo los intereses de las familias catalanas”, dijo. En concreto, la de los propietarios. Este viernes Nogueras pedirá la retirada del decreto que engloba el grueso de las medidas económicas y exigirá que se apruebe uno nuevo en el Consejo de Ministros. Si no acceden, votará que no. No obstante, la secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, aseguró en RNE que la mejor opción no es retirarlo y que tratarán de renegociar y someterlo a votación.

El rechazo de Junts incendia los ánimos en las calles. De momento, la protesta en la Puerta del Sol continuará, según apuntan fuentes cercanas, y cada vez se van sumando más ciudades. El desahucio de Maricarmen fue la mecha que parecía que hacía reaccionar al Gobierno, que hasta ahora ha fracasado en su legislatura de la vivienda. Fue necesario ver en directo cómo los antidisturbios se movilizaban para echar a una señora de 87 años con discapacidad de la casa en la que llevaba viviendo más de siete décadas para ver una reacción política. Y pase lo que pase en la Cámara Baja, en las plazas la protesta continuará.

Las opciones: renegociar, retirar los decretos o elecciones

Junts fue quien dio un paso adelante tras haber rechazado, junto al resto de partidos de la derecha, el decreto de vivienda que se votó en abril, en el que se pretendía prorrogar los alquileres. Nos quedamos sin saber cómo hubiera reaccionado el Gobierno si los independentistas no hubieran movido ficha. Por un momento, parecía que, tras el caso Maricarmen, y tras varios suicidios en las últimas semanas de personas que se quitan la vida porque no pueden pagar su casa cuando un fondo buitre les quiere echar (sin ir más lejos, Olga, una mujer de 52 años, lo hizo el pasado 7 de septiembre en Barcelona) los partidos, excepto PP y Vox, acercaban posturas.

Tras el rechazo a Junts, está por ver qué ocurrirá. Para el PSOE podría haber supuesto colgarse una medalla pese a la inacción a lo largo de los últimos años. Las opciones son renegociar, retirar los decretos (lo que haría mucho daño al PSOE electoralmente) o aprovechar y convocar comicios.

De los dos decretos, el primero, el más amplio que se esperaba aprobar (el Real Decreto-ley 26/2026, ya publicado en el BOE), incluye gran parte de las reivindicaciones de Sumar, pero lleva la firma del PSOE. Es el segundo, el pequeño, el que se vincula a la formación de Yolanda Díaz, el que lleva su principal reivindicación y la del Sindicato de Inquilinas: que haya contratos de alquiler indefinidos igual que los laborales. Pero esta norma nació sabiendo que no va a tener recorrido alguno.

No obstante, en el primero, el que pide Junts pide renegociar, tiene una importante huella de Sumar; cuestiones que hasta hace nada el PSOE rechazaba y que —debe ser por el efecto Maricarmen y por tener más de mil tiendas de campaña instaladas en la Puerta del Sol— ahora abraza. Por ejemplo, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, una exigencia a la que los socialistas se resistían y que finalmente han aceptado.

Qué incluye el primer decreto

El primer decreto, el que previsiblemente se aprobará pese a que Junts aseguró sentirse “decepcionado” y “preocupado” por su redacción, incluye la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, limitada a los casos en que el demandante sea un gran tenedor o un fondo de inversión; también la prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler vigentes que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, solicitable por el inquilino siempre que esté al corriente de pago; un límite del 2% a la actualización anual de las rentas hasta 2027, y la congelación total de aquellos alquileres que ya superen el índice de referencia del Gobierno.

Incorpora además la prohibición de que fondos y entidades de inversión compren vivienda por debajo del 70% de su valor de tasación hasta 2028, así como la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones dentro de la LAU, con la obligación de justificar la causa de temporalidad y el tope de que la suma de las rentas por habitación no supere el precio del alquiler de la vivienda completa.

En el plano fiscal, se establece una deducción del 10% en el IRPF para inquilinos con ingresos inferiores a 33.007,20 euros, bonificaciones de hasta el 100% para propietarios que bajen el alquiler —y penalizaciones de hasta el 15% para quienes lo suban por encima del 20%—, un IVA del 10% para los pisos turísticos desde diciembre y un gravamen superreducido del 4% para la vivienda protegida de nueva construcción. Completan el texto el programa Tu Casa, con préstamos del ICO al 0% de interés y hasta 50.000 euros para la compra de primera vivienda, recargos de hasta el 150% en el IBI para viviendas vacías, una subida del gravamen sobre los beneficios de las socimi del 15% al 25% y una línea de avales de 2.000 millones de euros para ampliar el parque de alquiler social y asequible.