La Seguridad Social destapa un fraude millonario de cursos de formación liderado por el dueño del Fútbol Club Cartagena y que salpica a 4.900 empresas

La Tesorería General de la Seguridad Social ha empezado a enviar miles de liquidaciones complementarias para que un total de 4.894 empresas reintegren pequeñas cantidades que oscilan entre 500 y 1.000 euros tras destapar un fraude millonario en cursos de formación liderado por un importante empresario, Pedro Arribas Marañón, al que la prensa murciana definió “como el hombre de los mil negocios’. De hecho, en el registro mercantil su nombre aparece vinculado a 70 sociedades, la gran mayoría especializadas en prestar estos cursos de formación. Aunque también ha hecho sus pinitos en el mundo del fútbol. Fue el presidente del Rayo Majadahonda y ahora su familia ha comenzado una nueva aventura en el Fútbol Club Cartagena.

Tras una denuncia de CCOO, la Unidad Especializada en el Área de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude de la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició una investigación contra la empresa ‘Asesoramos tu formación con Calidad’, cuyo administrador es Arribas. ‘Asesoramos’ es una firma que “opera en el tráfico jurídico de la formación profesional para el empleo bonificada, en calidad de entidad organizadora de acciones formativas”. Es decir, recibe subvenciones públicas para dar cursos de formación a otras compañías. ‘Asesoramos’ recibió 11.142.609 euros de fondos públicos para impartir cursos en el ejercicio 2023.

“Pero esta empresa incurrió, como entidad organizadora, en la falta de observancia de todos y cada uno de los requisitos que exige la normativa legal en relación con los costes de las acciones formativas para que éstas puedan tener el carácter de bonificables con cargo al crédito de formación de las empresas”, explica la Seguridad Social, que detectó que de los 11,1 millones de euros solo se habían realmente gastado 524.440 euros, el 4,71% del dinero aportado. ‘Asesoremos’ utilizó a su vez una pequeña red de otras siete firmas como proveedores de esos cursos de formación.

“De esta forma, se constata que se ha producido una interposición de empresas vinculadas para facturarse a sí mismas con la única intención de enmascarar unos costes irreales. Esta operativa permite obtener unos beneficios desorbitados con cargo exclusivo a recursos públicos, a través de las bonificaciones aplicadas en las cuotas de la Seguridad Social por parte de sus empresas clientes, las cuales no asumen coste alguno, porque los servicios abonados a su entidad organizadora quedan totalmente cubiertos mediante dichas bonificaciones”, explica la Seguridad Social. El entramado empresarial diseñado por Arribas pretendió reflejar en las facturas unos costes que, si bien se ajustaban a los límites legales, no reúnen el principal requisito: “que los costes formativos en los que se ha incurrido hayan sido reales”.

Dinero público de FUNDAE

Es decir, ‘Asesoremos’ recurría a unos pocos proveedores que ofrecían los servicios telemáticos para dar los cursos y que facturaban las cantidades que interesaban a esta sociedad que organizaba los cursos. El dinero provenía de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), una entidad de carácter tripartito del sector público que gestiona las cuotas de formación de empresarios y trabajadores “destinadas a la formación para el fortalecimiento del tejido productivo y del empleo en España”. En FUNDAE están representadas la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CIG.

Como ‘Asesoremos’ no gastó el dinero para lo que le fue concedido, las miles de empresas que supuestamente recibieron esos cursos de formación no tienen derecho a las bonificaciones. “La financiación de las referidas acciones formativas con cargo a los fondos públicos es indebida”, explican desde la Tesorería de la Seguridad Social, que atribuye a ‘Asesoremos’ un total 5.857 infracciones. Cada infracción es un curso. Estos 5.857 cursos se impartieron en 4.894 empresas (clientes), que disfrutaron de bonificaciones que suman 2.894.842 euros.

“Si bien la normativa no impide la participación en el tráfico jurídico de la formación profesional de distintas empresas organizadoras, impartidoras de la formación y de otras que proporcionen las plataformas o los materiales didácticos, la particularidad en este caso viene por la existencia de ese entramado empresarial; el cual, una vez puesto de manifiesto en las actuaciones inspectoras, pone de relieve que el proceder empresarial en realidad ha consistido en interponer empresas vinculadas para facturarse a sí mismas con la única intención de enmascarar unos costes irreales que permiten la obtención de unos desorbitados beneficios con cargo exclusivo a recursos públicos”, sentencia la Seguridad Social, que ha constatado que “la entidad organizadora no cumplió la normativa de costes aplicables a la formación profesional programada para las empresas, requisito imprescindible para que dichos costes puedan ser objeto de bonificación”.

El beneficio que las empresas integrantes del entramado obtienen se encuentra dentro de la diferencia entre el total imputado en las facturas y el coste real, es decir, los 10.618.168,64 euros que las proveedoras de formación han facturado, pero que no han gastado en costes directos. De momento, la Seguridad Social quiere recuperar los 2.894.842 euros de bonificaciones que disfrutaron cerca de 4.900 empresas por impartir esos cursos que no se impartieron. Por eso se están notificando miles de liquidaciones entre 500 y 1.000 euros. El siguiente paso será ver si se impone sanción a la empresa ‘Asesoremos’ y sus siete proveedores. CCOO quiere que el presunto fraude llegue a la Fiscalía. Este diario ha intentado contactar con la empresa de Arribas y los proveedores, pero la mayoría no tienen ni página web ni teléfono habilitado.