
La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) considera que el rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda del Gobierno frena una reforma que, a su juicio, habría reducido aún más la oferta de alquiler, aunque advierte de que la votación no resuelve las dificultades de acceso a una vivienda.
El Congreso ha tumbado este viernes los textos con los votos en contra de Partido Popular, Vox y Junts. La decisión deja sin efecto, entre otras medidas, la regulación estatal prevista para los alquileres de temporada y por habitaciones, las nuevas limitaciones a las rentas y las protecciones frente a determinados desahucios.
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Para la patronal inmobiliaria, la derogación impide que el mercado del alquiler avance hacia un escenario con dos realidades: una para los inquilinos que ya tienen un contrato y otra cada vez más compleja para quienes buscan vivienda.
Fadei sostiene que las medidas sobre renovación automática de contratos, indemnizaciones y límites adicionales habrían convertido la firma de cada alquiler en una decisión con escasas posibilidades de reversión para los propietarios. Según la organización, esa percepción habría derivado en menos inmuebles disponibles, más viviendas destinadas a la venta y mayores exigencias económicas para acceder a un alquiler.
Las propuestas de Fadei
La federación señala que esas condiciones afectan especialmente a jóvenes, familias, trabajadores autónomos y personas con ingresos irregulares. “La derogación evita añadir presión, pero deja intactos los problemas de fondo: escasez, lentitud urbanística, falta de vivienda asequible y ausencia de mecanismos eficaces para compartir el riesgo”, destaca la entidad en un comunicado.
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El presidente de Fadei, Ángel Gómez Huecas, ha afirmado que la votación ha detenido “una propuesta equivocada”, pero ha remarcado que el Congreso todavía no ha aprobado una alternativa para mejorar el acceso a la vivienda.

“El Gobierno y los grupos parlamentarios no deberían leer este resultado como otra batalla entre propietarios e inquilinos. Ambos necesitan más oferta, contratos seguros y reglas estables”, ha sostenido Gómez Huecas. El dirigente reclama que se abra una negociación para impulsar una política que incremente el número de viviendas disponibles y distribuya los riesgos entre las partes.
El planteamiento de la organización incluye un aval público para el alquiler vinculado al inquilino durante toda la duración del contrato. También propone incentivos fiscales automáticos para propietarios que ofrezcan rentas asequibles y una cobertura específica de la Administración para jóvenes y hogares vulnerables.
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Entre sus peticiones figura además una vía administrativa y judicial más rápida para recuperar una vivienda cuando exista incumplimiento contractual o haya terminado de forma legítima el arrendamiento. Fadei reclama también la movilización de suelo público, plazos máximos para conceder licencias y fórmulas de colaboración público-privada para levantar vivienda destinada al alquiler.
Un Pacto de Estado por la vivienda
La federación inmobiliaria plantea un Pacto de Estado por la vivienda que fije objetivos anuales, mecanismos de evaluación pública y un marco regulatorio estable. La petición llega después de que la caída de los decretos haya dejado sin aplicación el paquete que incluía la prórroga extraordinaria de determinados contratos, límites a algunas actualizaciones de renta y cambios fiscales para los propietarios.
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“La política no puede limitarse a celebrar quién gana una votación”, ha concluido Gómez Huecas, que ha pedido medir los resultados por el número de viviendas que se incorporen al mercado y por las personas que logren acceder a un contrato de alquiler.
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