Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes

Pedro Sánchez tiene apenas 24 horas para intentar cerrar un decreto de vivienda capaz de satisfacer a sus socios de Gobierno, convencer a Junts y contener la presión del movimiento de inquilinos. El presidente ha confirmado este domingo que el Ejecutivo trabaja “contrarreloj” para llevar la norma al Consejo de Ministros del martes, después de que el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su casa, haya convertido la vivienda en el principal frente político de las últimas horas. El problema para Sánchez es que las exigencias que llegan desde Sumar y desde el Sindicato de Inquilinas chocan con las condiciones que plantea Junts para respaldar el texto en el Congreso.

“Maricarmen, tengo un mensaje para ti: el Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el martes el decreto ley de vivienda”, ha asegurado Sánchez este domingo durante un mitin del PSOE en Getafe (Madrid), en el que ha pedido a los grupos parlamentarios un “último esfuerzo” para que la norma sea convalidada. “Por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad”, ha añadido.

El anuncio supone que el Gobierno mantiene el compromiso de aprobar el decreto este martes, pero no resuelve el principal problema que arrastra la norma: qué contenido tendrá para conseguir después los votos necesarios en el Congreso. El Ejecutivo lleva semanas negociando un paquete de medidas que permita prorrogar la protección de los inquilinos vulnerables y limitar determinados desahucios, pero las posiciones de sus socios no son coincidentes.

Sumar reclama un texto ambicioso y exige, igual que los manifestantes, la prórroga automática de los contratos de alquiler, para que se conviertan en indefinidos. Pero Junts plantea medidas centradas en incentivos fiscales y aumento de la oferta de vivienda. Este domingo, el secretario general del partido catalán, Jordi Turull, dijo que si Sánchez “quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts”. “Pero que no lo mezcle, como hizo en su momento con el decreto ómnibus sobre las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario”. Ante tanto desacuerdo, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho que el Ejecutivo podría aprobar el decreto, pero ha reconocido que sin los apoyos parlamentarios necesarios no serviría para convertir las medidas en permanentes.

Sumar y las inquilinas exigen un decreto amplio

La presión más inmediata llega desde la izquierda y desde la calle. Sumar ha situado el martes como fecha límite y reclama que el Consejo de Ministros apruebe un paquete de medidas que incluya protección frente a los desahucios, prórrogas de los contratos de alquiler, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y medidas contra los grandes tenedores y los fondos de inversión. La formación de Yolanda Díaz ha advertido de que “no vale cualquier decreto” y ha reclamado actuar sobre los fondos de inversión.

El Sindicato de Inquilinas, por su parte, ha convertido el caso de Maricarmen en el eje de una movilización que no terminará con la aprobación de cualquier norma. Centenares de personas han pasado ya dos noches en la Puerta del Sol, donde la organización mantiene una acampada después de la manifestación celebrada el sábado en Madrid. El movimiento exige un denominado “decreto Maricarmen” con medidas estructurales y ha advertido de que mantendrá la protesta si el texto no incluye sus principales reivindicaciones. Entre ellas están también la renovación automática de los contratos, la protección de los inquilinos vulnerables y la regulación de los alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha definido el caso de Maricarmen como un “punto de no retorno” y ha advertido de que, si el decreto no responde a sus demandas, el Gobierno “no tiene ningún sentido” y debería replantearse su continuidad. La organización reclama además que la vivienda deje de tratarse como un activo financiero y que se adopten medidas que vayan más allá de la protección puntual ante los desahucios.

La protesta de la Puerta del Sol se ha convertido así en otro elemento de presión sobre el Ejecutivo a solo un día del Consejo de Ministros. El sábado, la manifestación convocada bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’ terminó precisamente con el llamamiento a mantener la acampada hasta conocer el contenido del decreto. La Delegación del Gobierno cifró en unas 25.000 las personas que participaron en la marcha, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra hasta las 300.000.

Junts marca el límite y el PP se desmarca

Al otro lado de la negociación está Junts. El partido de Carles Puigdemont ha mantenido una posición crítica con las políticas de intervención del mercado del alquiler y ha trasladado al Gobierno sus propias propuestas para intentar alcanzar un acuerdo. Entre ellas figuran desgravaciones fiscales vinculadas al alquiler y a la vivienda habitual, incentivos al ahorro para la compra de vivienda y medidas para aumentar la oferta. Junts también se ha mostrado abierto a determinadas prórrogas de los contratos, pero reclama modificaciones respecto al modelo defendido por Sumar.

El choque entre ambas posiciones explica parte de la dificultad para cerrar el texto. Sumar quiere reforzar la protección de los inquilinos y actuar sobre los grandes propietarios, mientras Junts ha planteado incentivos fiscales y un incremento de la oferta como parte de su alternativa. La formación catalana ya ha tumbado anteriormente iniciativas del Gobierno en materia de vivienda y sus votos resultan relevantes para que un decreto pueda superar después el trámite parlamentario.

El Gobierno intenta, por tanto, evitar que se repita el escenario de anteriores decretos aprobados en Consejo de Ministros pero posteriormente incapaces de reunir una mayoría suficiente en el Congreso. Sánchez ha reclamado este domingo “altura de miras” a los grupos y ha situado la convalidación parlamentaria como el siguiente objetivo después de la aprobación del martes.

El PP, mientras tanto, no participa de esa negociación. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido, Juan Bravo, ha acusado a Sánchez de pretender “arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años” y ha reclamado la convocatoria inmediata de elecciones generales. Bravo ha criticado las “políticas intervencionistas” y las “promesas vacías” del Ejecutivo y ha asegurado que el Gobierno solo ha construido 500 de las 184.000 viviendas prometidas, una cifra que el PP utiliza para cuestionar la política habitacional del Ejecutivo.

Sánchez, por su parte, ha vuelto a cargar este domingo contra PP y Vox por su posición ante las medidas de vivienda. El presidente ha reprochado a ambos partidos haber votado contra iniciativas anteriores y ha señalado que tampoco aplican, en las comunidades y ayuntamientos donde gobiernan, los instrumentos previstos en la Ley de Vivienda. “Votaron en contra del real decreto ley que hubiera impedido que Maricarmen hoy estuviera desalojada y desahuciada de su vivienda”, ha afirmado durante el mitin de Getafe.

A 24 horas de que el Gobierno tenga que cerrar el contenido del decreto, el escenario que queda sobre la mesa es el de una negociación a varias bandas: el Ejecutivo necesita mantener el compromiso adquirido con Sumar, responder a la presión del Sindicato de Inquilinas y, al mismo tiempo, encontrar un punto de acuerdo con Junts que permita que la norma no se quede en una aprobación formal del Consejo de Ministros. Mientras tanto, la acampada de la Puerta del Sol continúa a la espera de conocer qué medidas llegarán finalmente al Consejo de Ministros del martes.