Se filtra el borrador del decreto: el Gobierno negocia con sus socios prorrogar dos años los alquileres y frenar los desahucios hasta 2028

El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que perdió su vivienda la semana pasada a manos de una empresa porque quería multiplicar por más de cinco su alquiler, ha puesto patas arriba la sociedad española. Desde este sábado, un centenar de personas acampan en la puerta de Sol de Madrid para hacer presión y que el Gobierno termine de ultimar un decreto ley que se lleva esperando ocho años, con la esperanza de que se ponga punto y final a la especulación y a unos precios que no tocan techo.

Por ahora parece que el borrador avanza. Según el texto, de por ahora 65 páginas, al que ha tenido acceso Infobae, el decreto que lidera el departamento de Isabel Rodríguez incluye medidas contra determinadas prácticas especulativas en el mercado de la vivienda, prevé suspender desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2028, endurece las condiciones de los alquileres temporales y establece nuevos incentivos fiscales para propietarios e inquilinos.

El texto busca proteger a los inquilinos contra los caseros que sean personas dedicadas “a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado, con el objeto de eludir los mecanismos de función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad a través de la desproporción en las rentas de alquiler, en los precios de reventa o por su destinación a finalidades no residenciales”.

En materia de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, que fue, entre otros, el que dio pie a las protestas —Maricarmen tiene una discapacidad del 50% y no tiene alternativa—, el texto asegura que quien se encuentre en situación de vulnerabilidad, no tenga alternativa habitacional y las administraciones no hayan ofrecido solución, el tribunal requerirá a la administración autonómica y local para que informen expresamente acerca de los recursos que tienen disponibles y los ofrezcan”. Si no hay respuesta o no existen recursos disponibles, “el tribunal suspenderá el proceso hasta que tales medidas sean adoptadas y se garantice una alternativa habitacional adecuada”.

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, aunque la suspensión no será indefinida: el tribunal deberá revisarla cada 12 meses y, una vez se adopten las medidas necesarias o hayan transcurrido tres años desde que se acordó, el procedimiento continuará.

A ello se suma una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Para acogerse a ella, el inquilino deberá solicitarla y estar al corriente de pago, además de haber abonado mensualmente el alquiler durante los ocho meses anteriores. La prórroga se aplicará por periodos anuales, hasta un máximo de dos años adicionales.

Descuentos fiscales del 10%

El borrador incorpora también una limitación extraordinaria de las actualizaciones de renta. En los contratos cuya actualización anual corresponda desde la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre de 2027, propietario e inquilino podrán negociar el incremento. Si no alcanzan un nuevo acuerdo, la subida no podrá superar el 2%.

En el apartado fiscal, el texto contempla una nueva deducción estatal en el IRPF del 10% de las cantidades destinadas al alquiler de la vivienda habitual para contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales en zonas declaradas de mercado residencial tensionado. La base máxima de la deducción será de 11.630 euros para quienes tengan una base imponible igual o inferior a 23.007,20 euros, y se irá reduciendo progresivamente a partir de esa cifra.