El campo exige mano dura contra el fraude del aceite de oliva: pide penas de cárcel por engañar con la calidad y el etiquetado

Las principales organizaciones profesionales agrarias han puesto el foco en uno de los problemas que, a su juicio, está dañando la rentabilidad del olivar español: el fraude en el aceite de oliva. Asaja, COAG y UPA, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de España, han reclamado este jueves una revisión del sistema de infracciones del sector para que determinados incumplimientos relacionados con la calidad y el etiquetado puedan conllevar sanciones penales, como ya sucede en algunos países competidores.

La petición forma parte de un paquete de “medidas necesarias, urgentes y estructurales” acordado por las cuatro organizaciones para hacer frente a la pérdida “sistemática” de rentabilidad y competitividad que, según sostienen, atraviesa el olivar destinado a la producción de aceite. El objetivo declarado es reforzar los controles y evitar prácticas que puedan distorsionar el mercado y perjudicar a los productores.

Entre las medidas planteadas figura un refuerzo de las inspecciones sobre los movimientos de producto. Las organizaciones quieren que los controles no se limiten a la comercialización, sino que también permitan verificar los procesos industriales y el denominado balance de masas. Con ello pretenden detectar posibles mezclas de aceite de oliva con aceites de semillas, de orujo o productos desodorizados.

Mejorar la trazabilidad

Para reforzar esa vigilancia, el sector propone utilizar herramientas tecnológicas capaces de cruzar información procedente de diferentes registros administrativos. En concreto, plantea conectar los datos de SIMO, Remoa, Contratos y Aduanas para mejorar la trazabilidad de las operaciones. También reclama que los operadores estén obligados a incorporar en Remoa tanto el precio como el contrato correspondiente al aceite transportado.

Las organizaciones agrarias quieren además impulsar la investigación de métodos químicos que permitan detectar mezclas ilegales de una manera más objetiva. La propuesta pretende complementar las actuales catas organolépticas y aportar herramientas adicionales para determinar la composición y calidad del producto.

Olivar de almazara, un cultivo estratégico

Más allá de la lucha contra el fraude, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias reclaman que el olivar de almazara sea reconocido como un cultivo y producto estratégico por su importancia económica, social y medioambiental. Las organizaciones recuerdan que España es el líder mundial de producción de aceite de oliva y consideran que esa posición justifica medidas específicas para proteger la actividad.

El agua ocupa también un lugar central en sus reivindicaciones. El sector pide que se priorice al olivar en el acceso a los recursos hídricos, que aumente la superficie de regadío y que se busquen nuevas fuentes de captación. Además, reclama garantizar dotaciones de agua iguales para los distintos tipos de producción ante el impacto de unas condiciones climáticas cada vez más extremas.

En paralelo, las organizaciones plantean medidas para actuar sobre el equilibrio entre oferta y demanda. Una de sus principales peticiones es aplicar el artículo 167 bis de la normativa europea, una herramienta que permitiría establecer normas obligatorias de comercialización en momentos de fuerte desequilibrio del mercado.

Línea de préstamos ICO y controlar las importaciones

Según la propuesta del sector, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podría activar este mecanismo a petición de las organizaciones o por iniciativa propia. Las cuatro entidades consideran que esta herramienta puede contribuir a estabilizar el mercado y reclaman además una línea específica de préstamos ICO para que las almazaras puedan afrontar los costes financieros asociados a los procesos de autorregulación.

El frente exterior es otro de los puntos incluidos en el documento. Las organizaciones solicitan un mayor control y trazabilidad de las importaciones almacenadas en depósitos aduaneros y plantean eliminar tanto el régimen de perfeccionamiento activo como el contingente arancelario. En este apartado señalan específicamente las importaciones procedentes de Túnez, que, según las organizaciones, pueden generar distorsiones en el mercado español.

La propuesta se completa con una petición de mayor eficacia de la Ley de la Cadena Alimentaria. Para ello, plantean establecer de forma objetiva los costes medios de producción, controlar los precios de importación y establecer compensaciones para los productores cuando no se alcancen determinados umbrales de rentabilidad.

El paquete de medidas incluye finalmente un plan de reconversión financiado con fondos públicos y un plan estratégico integral para el olivar tradicional. Las organizaciones consideran que estas actuaciones deben formar parte de una estrategia de largo plazo que permita afrontar tanto los problemas de rentabilidad como los retos relacionados con el agua, el comercio exterior, la competencia y la protección de la calidad del aceite de oliva español.