La cátedra, el software y los recursos de Moncloa: así se construye la acusación contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación

Correos electrónicos, reuniones en La Moncloa y en la Universidad Complutense, contratos con empresas, registros de marcas y dominios, documentación sobre el desarrollo de un software y las gestiones de una asesora de Moncloa. Esas son algunas de las piezas que las acusaciones han ido reuniendo durante la investigación contra Begoña Gómez y sobre las que ahora tendrá que pronunciarse el jurado.

La esposa de Pedro Sánchez se enfrenta a dos acusaciones: tráfico de influencias y malversación. La primera se centra en las circunstancias que rodearon la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el nombramiento de la mujer del presidente como codirectora. La segunda pone el foco en el software desarrollado en el marco de esa cátedra y en el supuesto uso de recursos públicos para una iniciativa que, según las acusaciones, terminó bajo la esfera de control de Gómez.

El juicio gira así alrededor de dos episodios estrechamente conectados. El primero, cómo nació la Cátedra y qué papel tuvo Begoña Gómez en su creación y dirección. El segundo, qué ocurrió con la plataforma informática que se desarrolló en su seno, quién intervino en su desarrollo y por qué determinados elementos relacionados con ella acabaron vinculados a la esposa del presidente.

La cátedra

La primera parte de la acusación se remonta a 2020, cuando comenzaron los contactos para poner en marcha la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense. Entre la documentación incorporada al procedimiento figura la reunión que Begoña Gómez mantuvo con el entonces rector de la universidad, Joaquín Goyache, en La Moncloa. Ese encuentro es uno de los elementos que las acusaciones utilizan para sostener que la esposa del presidente se valió de su posición para favorecer la creación de la cátedra y conseguir posteriormente su nombramiento como codirectora.

La acusación no se apoya en una orden directa de Sánchez o de Gómez a un responsable universitario, sino en la secuencia de reuniones, contactos y decisiones que terminó con la creación de la cátedra y con la incorporación de Begoña Gómez a su dirección.

El juez Juan Carlos Peinado sostuvo durante la instrucción que la condición de Gómez como esposa del presidente podía haber tenido un peso determinante en esas decisiones. La Audiencia Provincial de Madrid consideró que existían indicios suficientes para que esa hipótesis fuese examinada en el juicio y mantuvo la acusación por tráfico de influencias.

El nombramiento como codirectora es, por tanto, una de las piezas centrales de esta parte de la causa: las acusaciones sostienen que la cátedra no solo se creó en unas circunstancias condicionadas por la posición de la mujer del presidente, sino que ella terminó ocupando un puesto de dirección dentro de la estructura universitaria.

El software y su titularidad

La segunda parte de la acusación se concentra en el software desarrollado en el marco de la cátedra. La plataforma estaba destinada a medir el impacto social y medioambiental de empresas y organizaciones y contó con la participación de distintas compañías y con recursos vinculados a la Complutense.

La investigación se centró en qué ocurrió con esa herramienta una vez desarrollada y, especialmente, en quién quedó al frente de sus elementos identificativos y de su explotación.

Uno de los puntos señalados por las acusaciones es la titularidad de los dominios vinculados al proyecto. El dominio transformatsc.org fue registrado inicialmente por Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra, y posteriormente pasó a estar vinculado a Begoña Gómez. La plataforma llegó a estar operativa a través de esa página y en ella quedaron registrados proyectos de distintas entidades.

Entre ellas aparece Inmark, una empresa en la que la esposa del presidente había trabajado anteriormente, además de otras compañías y entidades relacionadas con la cátedra. La investigación judicial ha analizado el funcionamiento de la plataforma y la relación de esas empresas con el proyecto. Para las acusaciones, esta sucesión de actuaciones constituye un indicio de que un activo desarrollado dentro de una universidad pública terminó bajo el control de Gómez.

A esta cadena se suma la creación de Transforma TSC SL, una sociedad constituida en noviembre de 2023 con Gómez como administradora y socia única. Las acusaciones vinculan la sociedad con el proyecto desarrollado en la cátedra y con los elementos que habían quedado registrados a nombre de la mujer del presidente.

La Complutense, que ejerce la acción civil, reclama 113.509,32 euros a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez por los costes que atribuye al desarrollo del software y al uso de personal de la institución. También reclama la restitución de la titularidad y el control del programa y de los elementos vinculados a él.

Los contratos para desarrollar la plataforma

El desarrollo de la plataforma implicó a varias empresas. En una primera fase participaron Telefónica, Indra y Google y, posteriormente, la Complutense recurrió a Deloitte para labores de asesoramiento y coordinación del proyecto. La consultora recibió dos contratos: uno de 14.999 euros más IVA y otro de 60.500 euros más IVA. Es precisamente el segundo el que las acusaciones relacionan directamente con la intervención de Gómez en su preparación.

En julio de 2023, la esposa del presidente redactó el pliego de prescripciones técnicas del contrato de Deloitte, cuyo objeto era prestar asistencia y asesoramiento técnico y tecnológico para la creación de la plataforma.

Las gestiones alrededor del software llevaron también hasta otra figura vinculada a la esposa del presidente: Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa. Sus correos, sus contactos con responsables de la Complutense y su participación en reuniones con las empresas encargadas del desarrollo forman parte de la documentación incorporada a la causa.

La documentación remitida al juzgado recoge 22 reuniones sobre el desarrollo de la plataforma entre abril de 2022 y febrero de 2024. Álvarez figura en tres de ellas, celebradas en enero, marzo y mayo de 2023, junto a representantes de empresas como Google, Minsait, Telefónica y Deloitte y personal de la Complutense.

Pero las reuniones no fueron sus únicas actuaciones. En septiembre de 2022, la asesora contactó con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense en relación con el registro del software y firmó el correo como “colaboradora de la Cátedra TSC UCM”. En esas gestiones también participó Begoña Gómez y la OTRI llegó a remitir a ambas el modelo de contrato para la cesión de los derechos del programa a favor de la universidad.

Para las acusaciones, la relevancia de estas actuaciones está en que Álvarez era una empleada pública destinada en Moncloa y habría realizado gestiones relacionadas con una iniciativa vinculada a la esposa del presidente. Los correos, las reuniones y los trámites forman así parte de la tesis de que se utilizaron recursos públicos en beneficio de una actividad vinculada a Begoña Gómez.