El PSOE se borró de la votación, mientras que PP, Junts y Vox lo vetaron: todas las veces que se pudo frenar a los fondos buitre como el que desahució a Maricarmen

Sumar exige aprobar el decreto de vivienda en el próximo Consejo de Ministros, mientras el socio mayoritario evita dar una fecha por falta de apoyos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. (Jesús Hellín/Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. (Jesús Hellín/Europa Press)
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En la “legislatura de la vivienda” —Sánchez la acuñó así en una entrevista para RTVE el pasado 1 de septiembre de 2025— los desahucios como el ejecutado este miércoles contra Maricarmen, una señora de 87 años que vive desde 1955 en un piso en el distrito del Retiro, no son hechos aislados.

En el mismo día en el que centenares de personas se congregaron para evitar el desalojo —ordenado tras la compra de su edificio por un fondo buitre—, en el barrio de Vallecas, la Policía Nacional intervenía en otro desahucio de un padre de 51 años que vivía con su hijo. Urbagestión, el fondo que compró la casa de Maricarmen, se prepara para ejecutar otro en el barrio de Chamberí.

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Esta situación se vuelve todavía más preocupante si se tiene en cuenta que hace apenas una semana, el proyecto de ley impulsado por la coalición Sumar para prohibir la compra de vivienda por fondos buitre se estrellaba por segunda vez en el Congreso de los Diputados. De nuevo, fueron los votos en contra de la derecha —una tónica general en esta legislatura— los que impidieron su toma en consideración (paso previo para proceder a su votación definitiva) en la Cámara Baja. El PSOE, que acusa a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de “poner la alfombra roja a los fondos buitre”, optó por la abstención, aun sabiendo que la iniciativa no prosperaría por falta de apoyos.

Tres fracasos en diez meses

La propuesta persigue una reforma de la ley de vivienda de 2023 para limitar el derecho de transmisión de propiedad de viviendas exclusivamente a las personas físicas, con excepciones como los agentes económicos y sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las religiosas y las ONG para el desarrollo.

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Y no sería la primera vez que decaería, ni la segunda. Tres meses antes, Sumar trató de relanzar el debate sobre el endurecimiento de la política de vivienda a través de un decreto no de ley, que no tenía efecto vinculante, pero que fue rechazado igualmente en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que el PSOE y el PNV se abstuvieron.

El primer intento se produjo en el anterior curso político, el pasado 27 de noviembre de 2025, cuando sus señorías rechazaron que la norma pudiese debatirse en Pleno. Las derechas hicieron piña para tumbar la medida bajo el pretexto de que era un “invento” que solo iba a agravar el problema, mientras que los socialistas ofrecieron su apoyo indirecto a través de la abstención. Los cinco diputados del PNV también optaron por esta fórmula, señalando que no iba a arreglar el problema de oferta.

Sumar presiona al PSOE para relanzar el decreto de vivienda

Y no ha sido el único tropiezo en esta legislatura en materia de vivienda. El Gobierno lleva dos años tratando de sacar adelante el decreto de vivienda, que contempla la congelación de los alquileres para las personas vulnerables y la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Su convalidación depende del Congreso, pero ya ha naufragado en varias ocasiones.

El portavoz socialista en el Congreso responde a las críticas por la supuesta falta de implicación y asegura que todo el PSOE respaldará la prórroga de los contratos de alquiler.

El socio minoritario aboga por aprobar el decreto tantas veces como haga falta, pero la parte socialista evita dar una fecha mientras Junts no dé su brazo a torcer. El último borrador que plantea Sumar incorpora bonificaciones fiscales a los caseros, una exigencia del partido de Carles Puigdemont, que aun así no promete su aprobación. La cesión a los posconvergentes enfadó a Podemos, que también amenazó con retirar su apoyo.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha relanzado el debate en la sesión de control al Ejecutivo, donde ha reclamado al resto de fuerzas aparcar las diferencias. También haría lo propio la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, que instó a aprobar el decreto en el próximo Consejo de Ministros: “El martes tiene que ir el Real Decreto Ley de vivienda al Consejo de Ministros. Sí o sí. No hay otra opción. El PSOE no puede seguir dilatándolo más. PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra. Ni más Maricármenes desahuciadas ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla”, sentenció en un mensaje en X.

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