La Justicia rechaza el asilo a una familia venezolana que alegó que su hija, con una enfermedad crónica, no recibía los medicamentos necesarios en su país

La Audiencia Nacional ha rechazado la permanencia en España de una familia venezolana que pidió frenar su devolución desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid por la enfermedad crónica de su hija menor. El tribunal ha considerado que no quedó acreditado que la niña careciera por completo de tratamiento médico en Venezuela ni que existiera un riesgo de persecución que justificara la protección internacional.

La resolución afecta a la madre, al padre y a su hija, esta última diagnosticada de fiebre mediterránea familiar, una enfermedad autoinflamatoria congénita que produce episodios de fiebre alta e inflamación dolorosa en el abdomen, el tórax y las articulaciones. Los padres alegaron que la menor recibió atención médica en Venezuela tras el diagnóstico, aunque desde febrero de 2026 no les llegaba la medicación y temían que la menor no recibiera la asistencia necesaria si volvía a su país. También expusieron que su vivienda quedó destruida por un terremoto en La Guaira.

La Sala apreció la urgencia de resolver su petición, pues la familia esperaba su retorno a Venezuela desde el puesto fronterizo madrileño. Aun así, descartó la medida cautelar que habría permitido su estancia hasta la resolución del recurso contencioso-administrativo presentado contra la negativa de asilo.

Los magistrados señalaron que la enfermedad de la niña fue diagnosticada y tratada en el país de origen. La familia no aportó elementos que probaran la imposibilidad absoluta de Venezuela de garantizar asistencia y tratamiento médico adecuados, según el auto. Tampoco expuso, a juicio del tribunal, circunstancias que comprometieran de forma grave la vida de la menor y exigieran atención sanitaria urgente en el momento de la solicitud.

La decisión no ha resuelto aún el fondo del litigio sobre la protección internacional. La Audiencia Nacional ha limitado su análisis a la permanencia cautelar y concluye que los hechos alegados no muestran, en esta fase, una apariencia de persecución por raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género u orientación sexual.

Acnur avala el asilo, pero la Audiencia mantiene que no hay pruebas

La familia presentó su solicitud de protección internacional en el puesto fronterizo del aeropuerto. El Ministerio del Interior la denegó el 3 de septiembre de 2026. Dos días después, el 5 de septiembre, rechazó el reexamen que habían solicitado los padres.

La defensa sostuvo que los relatos de ambos progenitores eran coherentes entre sí y compatibles con la información aportada sobre Venezuela. También invocó la situación de especial vulnerabilidad de la unidad familiar, el interés de la menor y los informes médicos presentados. Según su escrito, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) respaldaba la admisión a trámite de la solicitud y la entrada en territorio español para que la familia pudiera acceder a acogida en un entorno seguro y compatible con la enfermedad de la menor.

El tribunal ha aplicado el Reglamento de la Unión Europea 2024/1348, que no reconoce un derecho automático de permanencia durante el recurso en los procedimientos de frontera. En esos casos, corresponde al órgano judicial decidir si autoriza la estancia tras valorar los hechos y los fundamentos jurídicos expuestos.

La Sala ha concluido que la información disponible no permitía apreciar, ni siquiera de forma indiciaria, una situación de persecución o un peligro real que exigiera impedir el retorno. Rechazó así la medida cautelarísima solicitada, sin prejuzgar el resultado del recurso principal contra las resoluciones de asilo. El procedimiento contencioso-administrativo sigue pendiente de una decisión sobre el fondo, pero el auto de 10 de septiembre de 2026, que negó la permanencia provisional, no admite recurso.