La Ley de Propiedad Horizontal es contundente: si hay cámaras de un vecino en zonas comunes, la comunidad puede pedir su retirada

Un propietario no puede colocar cámaras de seguridad que enfoquen zonas comunes de un edificio por su propia decisión. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que este tipo de instalaciones requiere el respaldo de al menos tres quintas partes del total de los propietarios, según recoge el artículo 17.3 de la normativa española.

La instalación de cámaras de vigilancia en portales, pasillos, jardines o garajes comunitarios es una de las potenciales fuentes de conflicto que pueden empeorar la convivencia entre vecinos. Cuando un propietario decide colocar estos dispositivos sin consultar al resto de la comunidad, la ley ofrece herramientas para cuestionar esa decisión si los otros propietarios no están conformes.

El artículo 17.3 exige el respaldo de la mayoría cualificada

La norma es clara respecto al establecimiento de servicios de vigilancia: se necesita el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios para que la instalación resulte válida. Esto significa que ningún vecino, aunque sea dueño del inmueble donde pretende ubicar los dispositivos, puede tomar esta decisión de forma unilateral si las cámaras apuntan a espacios compartidos por el resto de la comunidad.

Este requisito busca equilibrar el derecho a la seguridad de un propietario con la privacidad del resto de los residentes, que también hacen uso de esas áreas comunes a diario.

Qué establece el artículo 7.1 sobre modificaciones en el edificio

La LPH contempla, además, la posibilidad de modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios del inmueble a través del artículo 7.1. Esta disposición permite ciertos cambios siempre que no se “menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores”.

El mismo artículo también obliga al propietario a comunicar “sin dilación al administrador” cualquier necesidad de reparaciones urgentes que detecte en la finca. Este punto resulta relevante en casos donde la instalación de cámaras se justifica, precisamente, por motivos de seguridad ante incidentes previos.

La Ley de Protección de Datos añade restricciones sobre el uso de las imágenes

Además del requisito de aprobación comunitaria, la Ley de Protección de Datos impone límites estrictos sobre qué pueden captar estos sistemas de vigilancia y para qué pueden utilizarse las imágenes registradas.

La normativa establece que las grabaciones solo pueden emplearse con fines de seguridad, sin que exista margen para otro tipo de uso. También prohíbe expresamente que las cámaras capten imágenes de la vía pública, con la única excepción de una franja mínima correspondiente a los accesos del inmueble.

A esto se suma una restricción adicional: los dispositivos tampoco pueden registrar terrenos, viviendas colindantes o cualquier espacio ajeno a la propia comunidad. Esta limitación busca proteger la privacidad de vecinos de fincas cercanas que no forman parte del acuerdo adoptado.

Qué puede hacer un vecino afectado por una instalación sin consenso

Un propietario que detecte cámaras instaladas sin el respaldo de la mayoría exigida por el artículo 17.3 puede recurrir al artículo 7.1 de la LPH para plantear la irregularidad ante la comunidad. En caso de que el vecino responsable de la instalación se niegue a retirar los dispositivos o a someter la decisión a votación, la vía legal queda abierta como siguiente paso para resolver el conflicto.

La normativa vigente deja establecido que la seguridad de un inmueble no puede imponerse a costa de la privacidad del resto de los residentes, y que cualquier sistema de vigilancia sobre zonas comunes debe contar con el consenso mayoritario de la comunidad de propietarios.