El Congreso da el sí a las leyes de dependencia y discapacidad: más financiación y menos burocracia

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, acompañadas de un decreto ley que otorga 6.200 millones de euros desde el 1 de julio y hasta 2027 para reforzar la financiación del sistema y fijar cambios de calado en prestaciones, accesibilidad y trámites administrativos. La iniciativa ha salido adelante con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones, con el rechazo de Vox y la abstención del PP, y el texto continuará ahora su tramitación en el Senado.

Entre las novedades de la reforma de la ley de dependencia, figura una enmienda aprobada en comisión impulsada por los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar) para garantizar por ley que la financiación estatal en esta materia alcance el 50%, un aspecto que actualmente no está incluido.

Según el Ministerio de Derechos Sociales, esa medida busca “blindar el sistema” y evitar recortes futuros. Además, la medida elimina las incompatibilidades entre prestaciones, de modo que las personas dependientes puedan compatibilizar distintos apoyos, y amplía el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario, permitiendo acompañamientos en actividades cotidianas como hacer la compra, acudir al médico u otros desplazamientos vinculados a la autonomía personal. El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que la reforma pretende avanzar hacia un nuevo modelo de atención más personalizado que deje atrás la mirada “asistencialista”.

Los nuevos cambios de la ley de discapacidad

La nueva redacción reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares. A eso se suma la universalización del derecho a la teleasistencia y la supresión de restricciones y sujeciones farmacológicas contempladas hasta ahora. Asimismo, Bustinduy ha defendido que la reforma forma parte de una “transformación profunda” del sistema para avanzar hacia un modelo de atención más personalizado y centrado en la autonomía de las personas.

En paralelo, la reforma sobre discapacidad convierte la accesibilidad universal en un derecho e incorpora de forma expresa el derecho a la autonomía personal. El proyecto desarrolla además el nuevo artículo 49 de la Constitución, reformado para actualizar el enfoque legal sobre discapacidad.

El nuevo proyecto legal elimina barreras burocráticas al reconocer directamente un porcentaje de discapacidad concreto asociado a cada grado de dependencia: en el grado I se reconocerá el 33% de discapacidad, mientras que las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad.

El paquete legislativo modifica además la Ley de Propiedad Intelectual para que las administraciones públicas ayuden económicamente a ejecutar obras de accesibilidad en edificios de viviendas. La medida introduce una vía de apoyo público para adaptar inmuebles residenciales. El texto prohíbe también que se alteren los precios en los contratos de seguros por razón de discapacidad. En el ámbito judicial, incorpora la figura del facilitador procesal para evitar situaciones de indefensión durante los procedimientos.

970 millones para las comunidades autónomas

Mientras debatía el Congreso, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la transferencia de 970 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar el sistema de dependencia. Esta cantidad récord completa la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada región, conforme al cumplimiento de objetivos como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector.

Con esta transferencia, el Gobierno espera que las autonomías puedan avanzar en los objetivos vitales, como la reducción y agilización de las listas de espera, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, el aumento y mejora de servicios a las personas en situación de dependencia, la inversión en tecnología, y la ampliación de la teleasistencia o de la atención a domicilio.

El PP cuestiona la financiación de la reforma

Durante el debate parlamentario, el PP ha cuestionado que la reforma cuente con suficiente “soporte económico”. El diputado Enrique Belda ha advertido de que el gasto en cuidados de larga duración aumentará en los próximos años por el envejecimiento de la población y ha reclamado mayores garantías financieras. “Pretenden con nosotros un acto de fe que, desde luego, no van a conseguir, pero seguimos con la mano tendida”, ha afirmado.

Desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbe ha rechazado la norma al considerar que genera “falsas expectativas” y posibles “frustraciones” al no estar garantizado el pago de las nuevas obligaciones, y ha advertido de que serán las comunidades autónomas las que deberán asumir esos compromisos.

Junts, ERC, PNV y EH Bildu han votado a favor tras considerar que la reforma respeta las competencias autonómicas, aunque han reclamado que se garantice el aumento de financiación. Por su parte, la diputada de Sumar Júlia Boada ha señalado que ahora corresponde a las comunidades autónomas aplicar estos recursos para mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, mientras que la socialista Margarita Martín ha defendido que la reforma busca “mejorar la vida de las personas”.